Cinco años sin los 43

Estamos próximos a cumplir cinco años de la fecha fatídica del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando policías municipales de Iguala, Guerrero, asesinaron a seis personas, detuvieron a 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, los entregaron al cártel de la localidad, Guerreros Unidos, y juntos los desaparecieron. Antes de este hecho muchos mexicanos sabíamos que el Estado, al menos desde los años 60 con el movimiento estudiantil de 1968 y luego con la guerra sucia que implementó contra las personas que participaron en las guerrillas urbanas y sus familiares, estableció como práctica política contrainsurgente consuetudinaria la desaparición y tortura de personas. Cualquier duda quedó develada con Ayotzinapa. 

El gobierno de Peña Nieto, como los anteriores, negó toda responsabilidad y su procurador Jesús Murillo Karam, antes de que se cansara inventó una “verdad histórica”. Dicha versión nunca fue creída por nadie, menos por los padres de los estudiantes y posteriormente fue desmentida por los forenses internacionales que analizaron el caso. La inteligencia popular de manera inmediata y contundente sentenció: ¡fue el Estado! A pesar de todas las evidencias que se fueron presentando, el gobierno de Peña Nieto se mantuvo hasta el final en la posición de negar la involucración del Estado. 

Cinco años después, en el contexto del gobierno actual, AMLO recibió a los padres y se comprometió con ellos. Por su trayectoria política, despertó cierta expectativa la designación de Alejandro Encinas en la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que tiene entre otras responsabilidades las indagaciones sobre los estudiantes normalistas. Sin embargo, más allá de la probable buena voluntad, las desapariciones de gente común continúan sucediendo a diario en el país, así como los asesinatos de mujeres y hombres, luchadores sociales y periodistas. La guerra sigue y el terror se mantiene. 

Así, dos hechos recientes están marcando la coyuntura contradictoria en torno a los normalistas desaparecidos. Por un lado, la liberación de Gildardo López Astudillo, presunto principal líder del cártel Guerreros Unidos e importante testigo en la desaparición de los normalistas y, por otro, la reciente declaración de Alejandro Encinas, después de que el día 11 de septiembre pasado los padres de los normalistas se reunieron con AMLO, afirmando que las indagaciones sobre el paradero están muy avanzadas, al grado que aseguró que podrían estar aún en Guerrero. No precisó a qué se refería y sólo agregó que muy pronto habrá mucha más información. Veremos pronto qué sucede. 

 La protesta y la movilización social masiva en torno al caso no tuvo precedente en México. Mucha gente que nunca había salido a la calle a protestar lo hizo hace cinco años y seguramente ya no fueron los mismos. Muchos protestamos, pero, como dije, el gobierno de Peña Nierto, fiel al canon salinista, ni nos vio ni nos escuchó. Y, por otro lado, el protagonismo de los partidos, sindicatos y algunos colectivos hizo que tras los primeros cuatro meses no se respetara la consigna unitaria “Todos somos Ayotzinapa” para que nuevamente aparecieran banderas y consignas particulares. En ese momento la participación en las movilizaciones mensuales se redujo y quizá el gobierno pensó que la lucha declinaría y que ganaría la política del olvido. No fue así, gracias a la calidad política y moral de las madres y padres de los normalistas. Gracias a ellas y ellos que resistieron las políticas contrainsurgentes; que rechazaron las vulgares ofertas de dinero a cambio de la traición, declinación y olvido de sus hijos. Ellos decidieron mantenerse unidos y su lucha se ha constituido en uno de los mejores ejemplos del significado de la rebeldía social de la gente común.

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da/i