Quinto Patio

Ya quisiéramos todos vivir en la utopía en la que vive el gobernador Enrique Alfaro, en donde hay seguridad pública; vaya, hasta agua ha de haber en ese mundo paralelo. Y es que, miren, aseguró ayer que “vamos por el camino correcto” en materia de seguridad. Claro, porque cada vez hay menos desapariciones, el crimen no llega a las casas de los jaliscienses, las policías municipales no están infiltradas por grupos delictivos, todos los municipios ofrecen garantías de seguridad a los candidatos y a las elecciones, por ejemplo.

Ya casi no hay robos y, pues, con los puntos púrpura se acabó la violencia contra las mujeres. Claro, eso en su mundo paralelo, porque en el del ciudadano común es todo lo contrario. De acuerdo con el Observatorio de Seguridad y Justicia de la UdeG, de enero a abril la incidencia delictiva creció casi 14 por ciento y, principalmente, los homicidios, feminicidios y sí, los robos, esos que sí le tocan al gobierno estatal; ya nomás falta que ahora que van al alza, el gobernador diga que también son responsabilidad federal.

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Hablando de inseguridad, la Fiscalía del Estado prefirió guardar silencio ante los señalamientos de abusos en las condiciones laborales de su personal. En vez de aunque sea comprometerse a investigar, ni siquiera emitió un posicionamiento. Tampoco descartó que las acusaciones fueran ciertas. La forma de denunciar los abusos no fue convencional, porque los inconformes lo hicieron con lonas colocadas en puentes y lugares públicos. Y no solo se dirigían al fiscal Gerardo Solís, sino también al gobernador y al mismísimo López Obrador. Hay malestar. Se habla de cientos de despedidos en la fiscalía, y las secretarías de Seguridad y del Transporte.

Terrorismo laboral es uno de los términos que aparecen en la denuncia. Hablan de cambios de adscripción repentinos e injustificados, jornadas laborales excesivas y malos tratos. Un ejemplo de abuso: al ex policía estatal lesionado en un operativo, Jonathan Carbajal, quien desde 2017 viene demandando que le paguen una serie de prestaciones, y al que le aseguraron falsamente que lo atendería ayer el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, de nuevo le dieron largas. La cosa es que, independientemente de la forma, son denuncias que deberían atender urgentemente los funcionarios aludidos. Ahí tampoco hay chance de decir que le toca a la Federación.

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Los diputados locales suplentes están tratando de dejar su huella antes de irse, presentando sus iniciativas y, of course, buscando destacar; bueno, sólo algunos. Pero donde sí darán color será cuando atestigüemos quiénes aprovecharon la ventana que se abrió para contratar personal supernumerario que, dicen, será por tres meses. Ahí podrían dejarles a los legisladores propietarios personal que ellos no querían, pero que los suplentes tienen derecho a poner. No sabemos si habrá rebeldías o si llegan a los acuerdos.... pero pueden hacerlo y se notará.

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Pablo Lemus, candidato naranja a la alcaldía tapatía, informó que entregó documentación a un medio sobre la investigación del SAT a su adversario, Carlos Lomelí, “por la compra de facturas” falsas por más de 338 mdp. ¿Ese delito se protege desde el gobierno federal?, pregunta, con copia a la Fiscalía General de la República.

Carlos Lomelí, aspirante por Morena a la misma alcaldía, retó a Lemus a que acudiera al SAT “a revisar sus adeudos”. No ha llegado ni creo que llegue por evasor, indicó, mientras estuvo afuera de las oficinas del SAT. ¿Cómo puede Pablo ofrecer servicios y mejorar una ciudad si no paga ni sus impuestos?, pregunta Lomelí. (La disputa de dos empresarios, con el SAT en medio, sigue generando calorrrrrrrrr).

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