Quinto Patio

La consulta popular sobre el pacto fiscal de popular sólo tiene el nombre, pues la gente ni con “comida y banda en vivo” se acerca a los módulos a participar. En unos días más sabremos cuánto se gastó el gobierno de Jalisco en propaganda para esta consulta, es decir, conoceremos cuánto dinero, además de los 29 millones de pesos que maneja el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) se fueron directito a la basura.

Son necesarias 2.5 millones de opiniones para que el ejercicio sea válido, no va ni 10 por ciento y, al paso que se tiene, apenas se rasguñará 20 por ciento, aunque el gobernador Enrique Alfaro al final del día hará lo que le venga en gana y usará los resultados a su antojo, al cabo ni le sabe a eso de retorcer los datos. Lo cierto, es que la consulta está resultando un simplón capricho con aires narcisistas demasiado caro.

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Y, miren, el regidor zapopano Pedro Kumamoto detalló algunas de las irregularidades que el partido Futuro ha indagado sobre la susodicha consulta popular: presuntos dobles votos, acarreo de personas, condicionar programas a cambio de la participación y exigir a los funcionarios públicos que lleven a por lo menos seis personas y sus familias. Ya lo denunció ante el IEPC.

A esta vecindad llegaron señalamientos de que hasta a alcaldes naranjas les han puesto cuotas de acarreados. Política naranja de acarreo con barniz tricolor.

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La disputa entre Ejecutivo y la UdeG se llevó al pleno del Congreso del Estado, al grado de ofenderse. La que comenzó fue la diputada de Hagamos Mara Robles cuando discutían las razones de por qué no había quedado en la Ley de Educación Superior el fondo de gratuidad que sí viene en su homóloga federal… y casi casi llamó burro al naranja Quirino Velázquez, porque ya le había explicado que el fondo sí era concurrente con la Federación y el legislador insistía en que no y no.

Y Mara Robles lo hizo indirectamente al recordar que siete de 10 alumnos que concluyen la primaria sólo repiten lo que leen, pero no entienden lo que están leyendo; y era el caso de Quirino al defender que no había concurrencia en el texto, y hasta señaló que en otra intervención se lo explicaría con lenguaje penitenciario para que estuviera en su contexto y le entendiera. El aludido le exigió respeto porque él sí no quería decirle a quién se parece porque la respeta. Y la novel presidente de la Mesa Directiva, Priscilla Franco, sólo se quedó mirando y señalando que no se permitían diálogos personales. Y apenas empieza la Legislatura…

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Los colegios de abogados se traen entre ceja y ceja a los consejeros de la Judicatura y quieren que rueden cabezas. Menos la de magistrado Daniel Espinosa Licón, a él sí le tienen fe. El presidente del Colegio de Investigaciones Jurídicas, José Luis Tello, repitió varias veces que ven en el presidente del Supremo Tribunal de Justicia un aliado para acabar con la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial, nomás que no lo dejan trabajar, pues.

Convocaron para dar a conocer todas las irregularidades. Una que les pesa bastante es el cobro de 20 pesos por hora en el estacionamiento de Ciudad Judicial, que porque es un negocio que está enriqueciendo a particulares, en vez de que sea un servicio público para los abogados y los justiciables, que porque es dinero que se podría usar para dotar de tinta las impresoras y comprarle engrapadoras a los juzgados. O sea…

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¿Hacia dónde volará la imaginación futurista, hoy por la mañana, del que aseguró que no le interesaba competir por la Presidencia de la República en 2024, pero luego dijo que siempre sí, cuando esté en Zapopan con el presidente Andrés Manuel López Obrador, al que quiere relevar en el cargo?

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