Quinto Patio

El tiempo pasa y pesa, y no en vano. Lo afirmamos con el caso del servicio de transporte conocido como Macrobús, que a poco de cumplir 14 años de nacer, no parece un adolescente vigoroso, sino más bien un adulto madurón descuidado: algo así como un cuarentón que empiezan a resentir los primeros achaques por falta de mantenimiento.

Lo que le duele al Macrobús va desde fallas en las puertas automatizadas hasta el retraso en la frecuencia de paso, sobre todo las de Parador. Con apariencia de cuarentón, cuando ni quinceañero es, el Mactobús envejecerá rápido sin mantenimiento. ¿O no, Siteur?

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Propietarios de talleres de autos se manifestaron en caravana para rechazar las sanciones que a partir de marzo empezarán a ser aplicadas por la Policía Vial en operativos especiales. Ojo, solo en operativos especiales, no se deje extorsionar por algún támaro que quiera asustar con las multas que rondan entre 2 mil y 3 mil pechereques.

Los dueños de talleres critican la falta de capacidad para verificar más de 250 mil vehículos con placa terminada en 1 y deben cumplir la obligación durante enero y febrero. Por eso dicen que el programa solo es recaudatorio y busca sacarle dinero a la gente, más que ayudar al medio ambiente a reducir la contaminación.

Frente a palacio de gobierno rompieron piñatas de rata y cerdo vestidos de naranja que, dijeron, representaban a la clase política.

Por ahora, en los poquitos días de 2023, ya programaron su cita para verificar más de 50 mil jaliscienses.

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¿Justicia pronta y expedita?, sí, cómo no. En México eso pocas veces existe y más si la parte acusada es una autoridad. Un ejemplo: un periodista de Canal 44 que fue agredido en junio de 2018, en Tlaquepaque, por policías municipales, interpuso su denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) y a-pe-nas vincularon a proceso a los agresores, casi cinco años más tarde.

El juez dio dos meses para que la FGR termine la investigación complementaria y ahora sí dictar sentencia. Una tortuga va más rápido y eso que la FGR tenía videos de la agresión. Esto, en un contexto de violencia contra periodistas en el país.

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De montar un procedimiento, a través del Poder Judicial del Estado, para “criminalizar el legítimo derecho a la protesta” de tres estudiantes, acusa la Universidad de Guadalajara (UdeG) al gobierno de la entidad. Los universitarios referidos son Javier Armenta Araiza, ex líder de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU); Iván Ilich Vladimir Cisneros González y José Alexis Rojas Umazar, quienes están citados hoy en juzgados del complejo penitenciario de Puente Grande y, tras la audiencia inicial, podrían ser encarcelados por su presunta participación en el despojo con violencia de inmuebles y aguas.

Aunque el gobernador Enrique Alfaro niega estar relacionado “con estas acciones pseudolegales”, el consejo de rectores y rectoras de la UdeG señala que es evidente que la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial del Estado se subordinan a la voluntad del mandatario y a su agenda política particular. Los tres estudiantes han participado en la defensa del predio público de Huentitán, en Guadalajara. Hoy, integrantes de la FEU los acompañarán a los juzgados de Puente Grande. El conflicto entre la UdeG y Alfaro tomó otro cariz político.

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La que vino a Guadalajara, sin que se avisara a la prensa, es la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. Visitó la Escuela Primaria Ramón Corona, con el titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, y encabezó la reunión regional Occidente-Centro Norte con autoridades estatales y federales. Se tomaron la selfi para la egoteca y ya…

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