Quinto Patio

La Fiscalía General de la República (FGR), en voz de su titular, Alejandro Gertz Manero, confirmó el hallazgo del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y de la Fiscalía local: el Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, era un campo de reclutamiento, entrenamiento y operaciones. Es decir, para el grupo delictivo era uno de sus espacios para incorporar de manera forzada a docenas de jóvenes, a quienes adiestraba para convertirlos en pistoleros o sicarios, y desde ahí enviarlos a diferentes lugares para que actuaran en actividades criminales. Un rancho que, como si fuera invisible, operó durante años sin que ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno supuestamente se enterara.

También la FGR encontró restos humanos con “huellas de algún tipo de cremación”, que precisó “están muy fraccionados” y que reveló “son pequeños cuencos donde se hayan restos que no corresponden directamente a un solo cadáver”. Aunque Gertz Manero dijo que en el terreno no se encontró “huella suficiente” para concluir que se realizaba “una acción de cremación”, intervendrá la UNAM para ratificar si no o si sí, en términos claros, se incineraron personas. El colectivo que excavó el predio halló indicios y tiene experiencia para asegurarlo: sí fue un rancho “de exterminio”, lo cual hasta ahora han buscado minimizar las autoridades.

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El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, estuvo ayer en la Ciudad de México para reunirse en la Secretaría de Gobernación con el subsecretario de Derechos Humanos. Informó que acordaron establecer una mesa de trabajo interdisciplinaria para abordar el tema de los registros estatal y federal de personas desaparecidas, para que las familias tengan información verídica y actualizada.

Recordemos que el ex mandatario Enrique Alfaro, en otro de sus desplantes y pleitos con el gobierno federal, ordenó no enviar la información de los desaparecidos de Jalisco y crear un registro estatal, que chafeó. En contrapartida, la promesa del gobernador Pablo Lemus es que el registro estatal se actualizará diario y se alineará con el nacional para evitar duplicidades.

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Continúa el debate sobre las tarifas del agua que debe cobrar el Siapa. A favor de actualizarla se pronunciaron el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, la Asociación Mexicana Hidráulica y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; los diputados del grupo parlamentario de Hagamos señalan que antes de autorizar cualquier incremento el organismo debe presentar un Plan Integral para su Transformación, y que si entrega agua turbia o de forma intermitente, que otorgue un descuento de 25 o 50 por ciento; y que como su cartera vencida es de 17 mil millones de pesos, todo mundo debe pagar, incluida la UdeG, advirtió la diputada naranja Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda. Digámoslo así: el Siapa enfrenta una crisis de años en su servicio y en sus finanzas.

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En la sesión de ayer del Senado de la República, a petición de la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa la asamblea guardó un minuto de silencio por Teresa González Murillo, buscadora del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, quien fue víctima en Guadalajara de un ataque armado y falleció el 2 de abril. Los asesinos siguen prófugos.

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