5 de junio: no pasó nada

Hay fechas que con el paso del tiempo resisten ante el olvido. Esta semana se cumplen cinco años de la brutal represión que sacudió a Jalisco los días 4, 5 y 6 de junio de 2020. A pesar del terror del Estado que en aquel momento alcanzó una nueva dimensión, han sido cinco años de lucha persistente de las víctimas por justicia, memoria y no repetición.

El 4 de junio, cientos de personas tomaron las calles de Guadalajara ante la ejecución extrajudicial de Giovanni López. El Estado respondió con uso excesivo de fuerza y detención arbitraria de 28 personas. Al día siguiente, la violencia se intensificó de tal forma que superó cualquier tipo de imaginación. De manera fría y planificada fueron torturadas y desaparecidas forzosamente más de 80 personas por la Fiscalía del Estado. Las personas fueron privadas de sus pertenencias, amenazadas de ser asesinadas o entregadas al crimen organizado y trasladadas de noche a zonas peligrosas, con una gran exposición de convertirse en víctimas de más delitos.

Enrique Alfaro reconoció públicamente la infiltración de la Fiscalía por el crimen organizado. Señaló que se realizaron “ataques, provocaciones e intentos de desestabilizar el estado”, y que un grupo de personas desacató sus instrucciones y “actuó de una manera irresponsable y brutal que no va a ser perdonada”. Agregó que Jalisco “recibió una embestida brutal de grupos de intereses difíciles de identificar que construyeron una historia, una estrategia, que buscaron que hubiera muertos”. Incluso, de forma descarada se atrevió a decir que “se empezaban a generar las condiciones para que aquí se construyera un nuevo Ayotzinapa”.

Podríamos pensar que después de declaraciones de esta naturaleza por la máxima autoridad del estado, hubiera una acción contundente. Sin embargo, no pasó nada. Los hechos no fueron investigados de forma independiente y exhaustiva. No se reconocieron las desapariciones forzadas y tortura cometidas. El fiscal del estado se mantuvo en su cargo por dos años más sin consecuencia alguna. La Fiscalía sigue coludida con el crimen organizado, como nos evidenció el caso Teuchitlán, y el operativo previo de septiembre de 2024.

El compromiso de reforzar protocolos y políticas públicas terminó en espacios de diálogo simulados y medidas ineficaces. Incluso, tan sólo un año después, las Ateneas, policías especializadas creadas para salvaguardar manifestaciones, utilizaron los mismos actos represivos en contra de 10 integrantes del Frente Feminista Jalisco. No pasó nada, porque el Estado siempre fue responsable por los hechos.

Si algo caracterizó a Jalisco en estos cinco años han sido desapariciones de personas y represión. Ante las demandas sociales, la respuesta ha sido callar a quienes alzan la voz, calificar las exigencias de derechos como intereses políticos e inhibir que las personas ejercieran su derecho a protestar. La reciente represión en contra de personas comerciantes del Parque Rojo, con nueve detenciones arbitrarias y uso excesivo de fuerza, demuestra que nada ha cambiado en este sexenio.

Durante estos cinco años, las víctimas no han parado. A pesar de la impunidad, intimidación por el aparato estatal, apuesta al olvido, remoción del antimonumento 5J e intentos de politización de su lucha, han resistido, siendo ejemplo de dignidad. Hoy, para que la historia no se repita, no podemos actuar como si no hubiera pasado nada. Recordemos 4, 5 y 6 de junio para que esta administración no quede marcada, una vez más, por la represión.

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