Fosas sin fondo

El predio Las Agujas nos regresa a los episodios más atroces de la historia reciente de violencia en Jalisco: las llamadas mega o macrofosas con centenares de cuerpos encontrados. En ese terreno, donde se proyecta construir una unidad residencial, fueron encontradas más de 230 bolsas con restos humanos, a pesar de que la Fiscalía Estatal lo había revisado previamente.

No es un caso aislado. De diciembre de 2018 a junio de 2025 fueron localizados 205 sitios de inhumación clandestina, con mil 956 cuerpos recuperados. Las fosas clandestinas se han convertido en noticias cotidianas y, aún más grave, normalizamos también que la labor que debería corresponder al Estado sea realizada por familiares de personas desaparecidas, quienes además, ante la desconfianza acumulada, se ven obligadas no sólo a buscar, sino también a supervisar los esfuerzos institucionales.

El hallazgo, impulsado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco evidencia una vez más la negligencia y omisión institucional. En este contexto, la semana pasada la Comisión Especial para Atender Asuntos Relacionados en Materia de Desaparición del Congreso presentó una lista de 50 acciones prioritarias que buscan responder a esta grave situación.

Las acciones, dirigidas al Poder Legislativo, Ejecutivo y órganos autónomos, fueron construidas a partir de cinco mesas temáticas, con participación de familias, autoridades, organizaciones y personas expertas. Entre las medidas se encuentran: búsqueda inmediata, aumento de personal y presupuesto, mejores condiciones laborales, protección a víctimas, coordinación interinstitucional, implementación efectiva de leyes, reducción de burocracia, formación continua, fortalecimiento del C5, protocolos contra la revictimización, mejoras tecnológicas para la búsqueda, consolidación de células de búsqueda o incorporación del concepto de “larga data” en la legislación.

Durante el evento también se anunció la iniciativa de reforma integral de Ley de Atención a Víctimas, a la cual desde el Cepad tuvimos oportunidad de brindar asistencia técnica. La adecuación de esta ley a las condiciones reales de violencia en Jalisco ha sido una deuda pendiente durante al menos tres legislaturas, exigida por colectivos y organizaciones. Es fundamental que el proceso de aprobación se realice bajo un verdadero ejercicio de Parlamento Abierto, que atienda las necesidades de las víctimas. A esta iniciativa se suman otras dos reformas urgentes: el reconocimiento de familias como grupo de atención prioritaria y la creación de fiscalía especializada autónoma para investigar los delitos de desaparición.

Esta legislatura tiene la posibilidad de marcar una diferencia, pero para lograrlo debe asumir compromisos concretos, establecer mecanismos de seguimiento efectivos y traducir los anuncios en cambios reales. El trabajo legislativo no termina con la presentación de propuestas. Durante el evento, Marlety García, del colectivo Entre Cielo y Tierra, lo expresó con claridad: “Ya no podemos ni queremos conformarnos solo con palabras”. “Exigimos responsabilidades claras, voluntad política y un compromiso real”. En el mismo sentido, Héctor Flores, de Luz de Esperanza, describió este proceso como “un pequeño gran paso”, e hizo un llamado urgente a que se concrete en acciones contundentes que brinden transformación.

Este avance no será suficiente sin acciones coordinadas entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, este último, por cierto, ausente en el proceso. La crisis que nos ha rebasado exige más que voluntades aisladas y ya no admite promesas rotas. Sólo una colaboración interinstitucional real y sostenida permitirá construir una respuesta a la altura de la emergencia humanitaria que atraviesa Jalisco y ante las realidades que enfrentan decenas de miles de víctimas.

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