Reinventar la búsqueda

Desde 2019, Jalisco encabeza el número de personas desaparecidas en el país, sin embargo, apenas la semana pasada por primera vez oficialmente se reconoció que el hecho de no saber del paradero de más de 15 mil personas constituye una crisis.

Recientemente, Pablo Lemus propuso una reingeniería institucional que contempla la creación de una súper secretaría de inteligencia y búsqueda de personas. No obstante, se desconocen los fundamentos de esta reestructuración, y preocupa la exclusión de participación de familiares en su diseño. Esto manda un mensaje desalentador de que el cierre de diálogo con las víctimas y la sociedad civil pudiera continuar durante el siguiente sexenio.

La creación de una secretaría que se encargue de la búsqueda podría transmitir la relevancia del tema para la nueva administración, siendo una instancia con amplios recursos, personal y capacidades. Asimismo, generaría oportunidades de robustecer mecanismos de coordinación interinstitucional que no se han podido lograr hasta la fecha.

Sin embargo, preocupa que este monstruo institucional que acumula diversas dependencias tendría más peso político que técnico y operativo, y en vez de fortalecer los procesos de búsqueda, reforzaría aún más la burocracia y actuación bajo órdenes directas del gobernador, incluyendo las instrucciones de no buscar. Además, al ser una estructura meramente política, inquieta cómo se aseguraría la permanencia y capacitación del personal, sumando a su titular.

De igual manera, alertan los alcances del uso de inteligencia y riesgo de violaciones a los derechos humanos, considerando las inversiones del Ejecutivo en los programas de espionaje. Asimismo, aunque esta especie de fusión entre la búsqueda, inteligencia y seguridad pública podría resultar práctico, hay un peligro de potenciar un modelo de investigación criminal, dejando la búsqueda como un tema secundario y diluido.

En este sentido, las comisiones de búsqueda fueron creadas para priorizar, operativizar y desformalizar la búsqueda, apostando por su orgánica y política desvinculación del sistema de procuración de justicia y sus vicios. Preocupa que éstos podrían trascender hacia la nueva macro institucionalidad y fomentar aún más la colusión y persistencia de irregularidades y abusos.

En el marco de las acciones anunciadas se observa también el grave retroceso que representa eliminar la autonomía del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses al someter los servicios periciales a una secretaría de búsqueda, lo que, además, carece de sentido, ya que su labor no se reduce sólo a los procesos de identificación humana. Asimismo, es ilógico que se aspire cambiar el estatus de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas a una fiscalía especializada, cuando esto no implique una verdadera autonomía técnica, orgánica y presupuestaria.

Dado el panorama crítico de desaparición de personas, se requieren esquemas distintos e integrales, con una verdadera capacidad de acción y compromiso político desde el más alto nivel, puesto que los actuales, a pesar de su fortalecimiento en los últimos años, han resultado insuficientes. Sin embargo, antes de crear nuevos abordajes de forma improvisada, urge analizar y evaluar el marco jurídico existente creado por víctimas, cuya implementación desde inicio no ha sido priorizada, siendo un ejemplo alarmante la falta de su reglamento y programa estatal de búsqueda.

Cierro con el llamado al Congreso local, que ojalá no haga madruguete con esta iniciativa y tome con seriedad su obligación de impulsar un proceso de Parlamento Abierto que garantice la participación conjunta de familiares, organizaciones, personas expertas y organismos internacionales. ¡Sin las familias NO!

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