Detenciones arbitrarias, una cotidianidad en México

En México, las detenciones arbitrarias siguen siendo una práctica generalizada. Esta fue la conclusión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA) en su informe del 17 de septiembre pasado, tras su visita al país en 2023.

El informe constata un panorama sombrío, destacando diversos factores que han propiciado las detenciones arbitrarias. Se observa la permanencia de figuras como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, la implementación de una política de drogas basada en el enfoque punitivo, y la ausencia de defensorías públicas con recursos humanos y económicos necesarios para garantizar una asistencia jurídica adecuada.

Entre las causas principales también se mencionan el aumento de la militarización de la seguridad pública y los ataques a la independencia judicial, temas que actualmente desafían la construcción de los valores democráticos en el país. Por un lado, preocupa la reforma constitucional que busca dar continuidad a los esfuerzos de militarizar el país y normalizar lo excepcional, pues históricamente ésta en vez de atender de fondo la violencia, ha abonado al incremento de las violaciones a derechos humanos y mayor inseguridad. Igualmente grave es la amenaza de socavar el acceso a la justicia y debilitar las garantías de independencia judicial mediante la reforma recientemente aprobada, que aún más erosionaría la existencia de contrapesos sólidos y politizaría el Poder Judicial, vistiendo la predominante impunidad de justicia.

El GTDA también enfatizó que distintos grupos vulnerables, como comunidades indígenas, quienes ejercen sus derechos y defienden sus territorios, siguen enfrentándose a mayor discriminación, violaciones a sus derechos procesales y encarcelamientos injustos. De igual manera, también se documentaron las violencias que viven niñas, niños y adolescentes, quienes se encuentran en situación de movilidad, separados de sus familias, así como las extorsiones y carencias a las que se enfrentan las personas migrantes. Finalmente, los internamientos involuntarios de personas con alguna discapacidad psicosocial siguen siendo una práctica recurrente.

Estas situaciones afectan a miles de personas en México, no solamente a quienes sufren las detenciones, sino también a sus familias, personas cercanas y sus comunidades. A esto se suma que las víctimas de detenciones arbitrarias frecuentemente sufren tortura. En este sentido, recientemente, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo presentó el documento Tejiendo redes de resiliencia, memorias de la resistencia contra la tortura en México, que muestra resistencia, esperanza y valentía de personas sobrevivientes, pero también el sufrimiento y patrones de tortura en el país que evidencian la perdurabilidad de una brecha enorme entre el compromiso de cumplir con las obligaciones internacionales y la realidad.

Durante el evento se compartió que la tortura infligida al momento de la detención, sigue permaneciendo afuera de las rejas. A pesar de los intentos de transformar el dolor en la lucha, las cicatrices internas siguen rompiendo vidas, sueños e infancias.

El sexenio concluye dejando una deuda inaceptable con quienes han sido privadas de su libertad injustamente. La persistencia de detenciones arbitrarias exige respuestas urgentes: prevenir, poner fin a la política de fabricación de culpables, eliminar la prisión preventiva y el arraigo, y garantizar una justicia verdaderamente independiente e imparcial, que ahora está en riesgo, impulsando avances de la mano con las víctimas y sociedad civil. De lo contrario, el Estado seguirá siendo cómplice de que las detenciones arbitrarias se mantengan como una práctica cotidiana y normalizada.

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