Hacer cosas al revés

En México, con la llegada de nuevas administraciones, es una práctica común transformar problemas reales en reformas, nuevas instituciones y trámites interminables. Bajo grandes promesas de cambio se realizan los espectáculos de ajustes de leyes e imponentes declaraciones públicas, que disfrazan la atención de las causas estructurales de las problemáticas.

La semana pasada, en medio de aplausos, el Congreso de Jalisco aprobó el dictamen que crea una Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, obviando por completo el análisis sobre sus implicaciones y riesgos, evaluación de leyes existentes, e incumpliendo con sus obligaciones de garantizar el principio de participación conjunta de familiares de personas desaparecidas.

Pero ¿qué significa este principio? La Ley General en Materia de Desaparición y la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco, en su artículo 5, establecen que las autoridades deben garantizar la participación directa de las familias en las tareas de búsqueda, lo que incluye también el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y prácticas institucionales. Esta obligación igualmente recae en las y los diputados al aprobar o reformar leyes.

Sin embargo, en la recta final, éstos nuevamente se olvidaron de las familias. Incluso pasó casi desapercibido que este mes se aprobaron en oscuridad otras dos reformas más que abarcan el tema de desaparición, que también deberían haber sido consultadas: ampliación de las atribuciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y protección de personas buscadoras, usando este tema como carta de negociación para asegurar más escoltas a servidores públicos, a partir de la Ley de Servicio de Protección.

No convencen los argumentos de que se asumía que la iniciativa había sido consensuada, cuando al mismo Congreso se dirigieron diversas comunicaciones para generar el Parlamento Abierto, mismas que fueron ignoradas. ¿Por qué hacer cosas al revés e improvisar? ¿Por qué las y los diputados no se acercaron a los colectivos por su cuenta? ¿Por qué este deslinde de responsabilidades?

Si de verdad se busca representar a la ciudadanía, toca revisar a fondo las reformas antes de votar a favor, en lugar de asumir que todo está bien por inercia, o que “los errores siempre se pueden enmendar”. Tristemente, varias de las personas legisladoras que por años se declararon cercanas a la causa, evidenciaron que cuando hay que priorizar los intereses políticos, el tema de desaparición se puede negociar y no es la prioridad.

Esta legislatura no pudo haber terminado peor. Al darles la espalda a las familias en un contexto donde más de 15 mil personas siguen desaparecidas, han actuado como si vivieran en una dimensión paralela, revelando su indiferencia. Fueron más de 250 colectivos, organizaciones y personas solidarias quienes tuvieron que expresar su indignación al volver a recordarles la histórica consigna: SIN LAS FAMILIAS NO. Una demanda que despreciaron por completo.

Las familias no necesitan más promesas y herramientas políticas, sino acciones y resultados concretos, que consideren sus experiencias y necesidades. No tiene sentido abrir espacios de diálogo para enriquecer la propuesta cuando el dictamen ya quedó aprobado. El “ejercicio de control de daños” no borrará el hecho de que la siguiente administración todavía no ha arrancado, y ya se cerró a escuchar a las víctimas. Al final, mientras se generan nuevos modelos y compromisos vacíos, son las familias quienes seguirán haciendo lo que siempre han hecho: buscar a sus seres queridos con o sin el respaldo de las autoridades.

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GR