La Impunidad como regla

La desaparición forzada constituye un delito y una grave violación de derechos humanos, que queda atravesada por múltiples facetas de violencia. Desde diciembre de 2010, cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzada.

En 2022, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada externó su preocupación por la existencia de diversos patrones en la comisión de desapariciones forzadas en México directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal, o por actores pertenecientes a la delincuencia organizada, con diversas formas de convivencia y grados de participación, aquiescencia u omisión de las autoridades.

Aunque por años se ha negado la comisión de desapariciones forzadas en Jalisco, durante este sexenio ya no es posible ocultarla. Mediante denuncias públicas y notas periodísticas, han trascendido decenas de casos que implican el involucramiento de autoridades estatales o municipales. Varios de estos corresponden a desapariciones de varias personas en un sólo evento, algunos sucedieron tras una detención arbitraria, otros se han cometido durante trayectos en carreteras, u ocurrieron en el marco de la protesta social, recordando las desapariciones forzadas del 5 de junio de 2020. Muchas de ellas evidencian los vínculos de colusión entre grupos criminales y autoridades, además, la ausencia de medidas necesarias para investigar los hechos con la debida diligencia y evitar su comisión frente a los patrones detectados.

En este sexenio se han otorgado recursos para fortalecer las instituciones, aunque esto no se ha traducido en avances en el acceso a la verdad y justicia, sino lo contrario, los esfuerzos se han enfocado en encubrir el involucramiento de las autoridades en la comisión de desapariciones y apostar por la impunidad.

Actualmente, sólo hay 10 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada. De acuerdo con la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Desaparición Forzada de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, entre el 1 de diciembre de 2018 y hasta el 31 de julio de 2024, en Jalisco han sido judicializados 299 servidores públicos por este delito; sin embargo, sólo alrededor del 30 por ciento han llegado a ser vinculados a proceso, demostrando los vicios en la investigación e incapacidad para acreditar la responsabilidad de probables perpetradores. Dicha Unidad, en vez de contribuir a la especialidad y exhaustividad en las investigaciones, se ha caracterizado por su ineptitud, indolencia, prácticas violatorias a los derechos de víctimas, desconocimiento del marco jurídico y obstaculización del acceso a la justicia.

Pero, ¿qué podemos esperar cuando los ejemplos de conducta provienen de las más altas autoridades? La semana pasada, el gobernador de Jalisco negó la existencia de un problema alarmante, las desapariciones ocurridas cerca de la Nueva Central Camionera, retrocediendo al calificarlas como ausencias voluntarias. Este enfoque no solo desvía la responsabilidad y minimiza la gravedad de los hechos, sino que también obstaculiza los procesos de búsqueda e investigación.

Esta rotunda desestimación, justificada bajo el pretexto de evitar “miedo y psicosis”, demuestra cómo las autoridades fomentan la perpetuación de las desapariciones. Su negativa a reconocer las diversas formas de responsabilidad, falta de investigaciones efectivas y ausencia de medidas preventivas, les convierte en cómplices, aunque no participen directamente en su comisión. Durante los últimos seis años, esta complicidad se ha vuelto cada vez más evidente e imposible de ocultar. Es momento de romper los pactos de impunidad y exigir una verdadera rendición de cuentas.

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