Labor que cuesta vidas

El 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, fecha que visibiliza la valentía de quienes luchan por la dignidad, y recuerda la urgencia de garantizar condiciones seguras para su labor. En México, estas personas viven en un contexto donde alzar la voz contra las injusticias puede costar la vida.

De acuerdo con Artículo 19, el Mecanismo o la CEDHJ, las principales agresiones que viven personas defensoras y periodistas son intimidación, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas, detenciones o desapariciones forzadas, incluyendo actos de represión y criminalización de la protesta social y ataques cometidos contra defensores de tierra y territorio.

Conforme al Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, hasta octubre de este año, 143 personas de Jalisco son beneficiarias de este, siendo 86 de ellas mujeres, lo que subraya la importancia de generar mecanismos de protección, atención e investigación con perspectiva de género.

Sólo en el sexenio que acaba de terminar, en Jalisco se les arrebató la vida a ocho personas defensoras, siendo el caso más reciente el de Alejandro Gobel, activista medioambiental, asesinado en noviembre pasado. Además, es urgente señalar el riesgo elevado que enfrentan familiares de personas desaparecidas al participar en acciones de búsqueda, con la negativa de ser reconocidas como defensoras de derechos humanos.

A todo esto, se suman, las agresiones digitales. Este año se ha revelado que la Secretaría General de Gobierno, Fiscalía del Estado, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y Comisión de Búsqueda cuentan con sistemas de vigilancia digital, que permiten el acceso y recopilación de datos, así como la intervención y geolocalización de dispositivos; para los cuales se han destinado entre 2019 y 2023 más de 126 millones de pesos. Si bien se ha tratado de justificar su uso para temas de seguridad; se desconocen sus alcances.

Cabe señalar que las agresiones mencionadas constituyen delitos, que no han sido investigados con debida diligencia. Una muestra del impacto de la impunidad que prevalece para estos delitos constituye el Informe “Buenas Prácticas y Desafíos en la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, elaborado por la ONU-DH. El acceso a la justicia y verdad queda limitado, no se prioriza la labor de defensa como línea de investigación, persisten deficiencias en la coordinación interinstitucional y se vulneran derechos clave como la información, participación y rendición de cuentas.

Por otro lado, resulta necesario fortalecer las acciones de prevención. Basta mencionar que, ante los asesinatos de personas defensoras, hubo delitos previos cometidos en su contra que no fueron atendidos, tal como sucedió con Verónica Guerrero o integrantes de la comunidad Ayotitlán.

Finalmente, urge generar en Jalisco una política integral de protección para periodistas y personas defensoras. Este proceso debe iniciar con la revisión y actualización de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada en 2016, y su efectiva aplicación.

Ante este panorama, es imprescindible reconocer que las personas defensoras y periodistas son pilares fundamentales para la protección de nuestros derechos. Sus esfuerzos nos recuerdan que los derechos no solo existen en el papel, sino que deben ser garantizados plenamente. Las autoridades tienen la responsabilidad de fortalecer el sistema de justicia, garantizar protección, prevenir y asegurar la verdad, justicia y reparación integral, sin más negligencias ni demoras.

[email protected]

jl/I