Lucha sin fin

No termina de cerrarse una herida, cuando otra más se abre. La semana pasada Jalisco nuevamente figuró en el escenario nacional, esta vez por el asesinato de la buscadora Teresa González Murillo. La pausa entre una noticia dolorosa y la siguiente se acorta cada vez más.

El 15 de marzo pasado, durante la jornada de manifestaciones del Luto Nacional, Teresa levantó la voz por su hermano Jaime, desaparecido en septiembre de 2024 en el pleno Centro Histórico de Guadalajara. Teresa fue integrante del colectivo Luz de Esperanza y lideresa de comerciantes ambulantes. Había participado en actividades de protesta y exigencia de la verdad y la justicia.

Dos semanas después a Teresa le arrebataron la vida, sin que supiera sobre el paradero de su familiar. El 27 de marzo, en su propia casa, fue agredida con arma de fuego. Días después se confirmó su fallecimiento como resultado del ataque sufrido.

La Fiscalía de Jalisco, sin investigación a fondo y de forma precipitada, vinculó su muerte a un presunto robo de dinero, descartando por completo la línea de investigación basada en la actividad de Teresa como buscadora y defensora de derechos humanos, e incluso ni siquiera consideró su labor como lideresa de comerciantes. Lo anterior, a pesar de la información sobre las amenazas que había recibido antes de su muerte. Otra vez, las autoridades se esconden tras comunicados oficiales vacíos, orientados hacia blindar al gobierno. Pero esta vez el asesinato de Teresa no puede atribuirse a la administración pasada.

Este no fue el primer asesinato de personas buscadoras en Jalisco. En 2017 fue asesinado Gerardo Corona, hermano de Álvaro, desaparecido en 2012. En 2018 desaparecieron y asesinaron a Pablo Iván Miramontes, hermano de César Alejandro, y en 2024 a Jesús Isaac Castillo, hermano de Ana Elvira, desaparecida en 2015. En gran parte de estos casos, como en el de Teresa, hubo amenazas previas.

Su muerte confirma lo que las familias han denunciado por años: buscar en México puede costar la vida, y deja en evidencia el abandono del Estado y la falta de medidas de protección efectivas. Las buscadoras tienen derecho a buscar sin miedo a represalias, desacreditación y revictimización.

En esta emergencia, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED), al concluir el 28.° Período de Sesiones, anunció el inicio del procedimiento basado en el artículo 34 de la Convención Internacional, tras recibir “informaciones fundamentadas que indican que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera generalizada o sistemática” en México. El CED decidió solicitar información al Estado, y posteriormente podría llevar la situación ante la Asamblea General.

La decisión del CED marca un precedente global, y constituye una oportunidad para impulsar cambios estructurales. Sin embargo, la respuesta del Estado mexicano fue tan esperada como decepcionante: el rechazo rotundo de la existencia de la práctica de desaparición forzada en el país, afirmando que el gobierno “no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”.

Mientras las tragedias se acumulan a la velocidad de la impunidad y el horror se normaliza, la lucha de Teresa y otras familias no termina con su muerte, y el compromiso con la búsqueda sigue vivo. Ojalá este proceso histórico, a pesar de la postura del Estado, permita sentar las bases para la transformación real, ante la crisis de desapariciones que lejos de atenderse, solo se agrava.

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