Voces que rompen el silencio

La tortura, acompañada por el silencio, desconfianza y miedo, ha dejado cicatrices en los cuerpos y almas de las familias y comunidades enteras. Puede pasar en cualquier momento a cada persona, y generalmente, guarda relación con otras violaciones a los derechos humanos como desaparición forzada, detención arbitraria o ejecución extrajudicial.

La comisión de la tortura a nivel internacional y nacional está absolutamente prohibida; sin embargo, ésta continúa siendo una práctica que se comete de manera generalizada en México, a pesar de que las autoridades de forma persistente niegan su existencia.

Este año, en el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, las voces de sobrevivientes de varios estados se unieron en una sola para visibilizar su lucha y denunciar que la tortura sigue siendo un método empleado por el Estado mexicano para castigar, reprimir, controlar y criminalizar.

A siete años de la publicación de la ley general en materia de tortura, una de las legislaciones más garantistas en el mundo, se ha ignorado su implementación, lo que nos recuerda cómo México históricamente se ha especializado en crear leyes avanzadas y a su vez negarse a hacerlas realidad.

A la fecha, permanecen grandes deudas para aplicar dicha ley y recomendaciones internacionales, considerando los derechos a la verdad, justicia y reparación integral. Hacen falta políticas públicas de prevención y programas especializados para la atención y rehabilitación. Las investigaciones son ineficaces, fragmentadas e imparciales, y se mantienen los obstáculos para la operación de las instituciones encargadas de documentar tortura.

Jalisco constituye una muestra de ello, con la plena ausencia de sentencias condenatorias. Las autoridades estatales han demostrado nula voluntad para erradicar la tortura y abonar al acceso a la justicia. Desde 2018 cuando fue creada la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura se ha señalado que la ausencia de su autonomía y recursos necesarios no permiten romper con los esquemas de omnipresente impunidad de este delito, e incentiva aún más su comisión.

Cabe recordar que, desde enero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó al Congreso de Jalisco y el gobierno estatal a crear una fiscalía especializada, no obstante, se desconocen las acciones tomadas para su cumplimiento. Sus prioridades este año en definitiva no han sido materializar sus obligaciones de derechos humanos.

La tortura se comete en oscuridad y con encubrimiento. Quienes en este panorama han alumbrado el camino, han sido las personas sobrevivientes y sus familiares, denunciando de manera constante que esta práctica se perpetúa en México cotidianamente, y exhortando a que ésta sea reconocida. Su doloroso testimonio demuestra la fuerza de colectividad y resistencia ante la impunidad, violencia institucional, así como estigmas y discursos de normalización que también provienen de la sociedad.

Por décadas, hemos podido constatar que la atención a la problemática de tortura no vendrá sola por la iniciativa propia del Estado. Por lo contrario, su apuesta ha sido quebrantar no solo la dignidad humana al momento de torturar, sino también criminalizar, revictimizar y desincentivar cualquier tipo de acción para acceder a la justicia.

Que no sólo el 26 de junio resuenen las voces de sobrevivientes para poner alto a la tortura en México. No podemos esperar más que el respeto a la dignidad corresponda a todas las personas. Su lucha nos convoca para hacer eco de su valentía.

[email protected]

jl/I