Sexenio de desapariciones

El gobierno de Enrique Alfaro será recordado como el Sexenio de las Desapariciones. El gobernador se va dejando a Jalisco en el primer lugar a nivel nacional en personas desaparecidas desde 2019. Durante su administración, la crisis de desapariciones se triplicó, lo que evidencia no solo la falta de eficacia, sino también una alarmante indiferencia frente a la magnitud del problema. Y las familias siguen, un sexenio tras otro, sin respuestas.

Las autoridades han estado rebasadas en su capacidad. Si bien se han fortalecido las dependencias, y se han dotado mayores recursos para atender el tema, no ha sido suficiente. La institucionalidad sigue siendo débil, y han faltado estrategias efectivas para frenar las desapariciones.

¿Qué se requiere para enfrentar con seriedad esta crisis que sigue arrebatando vidas y destruyendo esperanzas? Resulta urgente la efectiva implementación de leyes de desaparición, incluyendo la aprobación de herramientas que quedaron pendientes, y el pleno cumplimiento de obligaciones por las autoridades. Además, se debe evaluar su aplicación y medir la efectividad del funcionamiento de las instituciones para realizar ajustes, considerando que próximamente se creará la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda.

Es necesario fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, como priorizar y desburocratizar las acciones de búsqueda, incorporando herramientas que permitan incrementar la capacidad de respuesta técnica y operativa para garantizar a todas las personas el derecho de ser buscadas, sin dejar de lado los casos de larga data.

Se requiere pleno acceso a la información, con posibilidad de verificar los datos y entender las causas de las dinámicas delictivas. Además, es necesario fortalecer los mecanismos de participación conjunta de las familias, colocándolas siempre en el centro, para que #SinLasFamiliasNo no sea sólo una consigna, sino base fundamental de la acción política. Las autoridades deben entender que las víctimas ya no son objetos pasivos de política pública sometidos a la constante espera de respuesta, sino que se han convertido en sujetas políticas que exigen.

Es urgente priorizar la lucha contra la impunidad y fomentar investigaciones sin influencias indebidas. Para esto se requiere que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) cuente con una verdadera autonomía técnica, de gestión y presupuestaria. Urgen esfuerzos para generar políticas públicas integrales de prevención efectivas que atiendan las causas de los delitos. Varios patrones de desaparición han prevalecido por años, no obstante, no se han generado acciones que eviten su perpetuación.

Otra prioridad es el fortalecimiento de labores de identificación humana en dos amplios frentes. Primero, el enfoque basado en los cuerpos esqueletizados, consolidando el Centro de Identificación Humana y, por otro lado, el reforzamiento de procesos de identificación de los cuerpos que ingresan día a día al Semefo. Finalmente, entre otros aspectos, queda pendiente realizar una profunda revisión y actualización del marco normativo en materia de atención a víctimas.

En semanas anteriores, la nueva administración anunció la creación de cinco mesas de trabajo, comprometiéndose a garantizar la autonomía de la FEPD, fortalecer la coordinación interinstitucional e impulsar la ley de víctimas.

Resulta fundamental que, tras reconocer la crisis de desapariciones, se impulsen estrategias que abonen a materializar los avances. Ojalá estas mesas de trabajo puedan formalizarse, y ser espacios verdaderos no sólo de escucha, sino también de resultados. Pablo Lemus tiene tanto la responsabilidad como oportunidad de cambiar el rumbo de acción y evitar otro sexenio de desapariciones y promesas incumplidas.

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