¿Qué tengo en común con perfiles tan distintos como Leonardo Almaguer, Mario Córdova, Mónica Magaña, Ricardo Villanueva, Víctor González Romero, Fernanda Romero o los periodistas Jonathan Lomelí o Sonia Serrano? Todos hemos sido objeto de intimidación y campañas digitales, orquestadas desde los sótanos del poder, para enturbiar el debate en las redes sociales.
Desde hace poco más de un año se han intensificado esas campañas, principalmente con el uso de Inteligencia Artificial para crear perfiles falsos y mostrar como noticias cosas que no lo son.
En mi caso, la publicación de los contratos de Broxel en medio del debate por el incremento tarifario del transporte, generaron un par de videos que fueron pautados con más de 20 mil pesos cada uno. En lo que pude rastrear a través de los datos abiertos que ofrece Facebook, me pude percatar que se pautaron campañas de publicidad para que aparecieran en el ‘scroll’ de usuarios jóvenes de Jalisco. Se trata de dos empresas situadas en Tijuana que lo que hacían era criticar la información que descubrí y luego, denostar personalmente mi trabajo.
¿Hay empresas en Tijuana dispuestas a gastar casi 50 mil pesos para participar en un debate que sólo correspondía a los jaliscienses?
Ese fue mi caso, pero hemos podido documentar muchos más. Hostigamientos personalísimos, creación de carpetas de antecedentes penales, videos emocionales que desarticulan y descontextualizan la información de coyuntura. Desvirtuar el debate a favor del gobernante. ¿Es Pablo Lemus el responsable? Difícil saberlo. Pero no dudo de la camarilla de oficiosos que funcionan como testaferros.
Por eso me resulta muy importante el acuerdo legislativo que acaba de aprobar el Congreso del Estado, apenas el lunes pasado. Este acuerdo reconoce tácitamente la operación de áreas paralelas al gobierno, que usan recursos para invertir en este tipo de campañas que inhiben el debate público.
Aunque los diputados podrían señalar los casos donde ellos han sido víctimas, no podemos limitar ni normalizar ese comportamiento que se da principalmente en contra de activistas, defensores de derechos humanos o periodistas.
Al igual que los diputados, las personas que deciden participar en la vida pública deben tener garantías para poder expresarse. El disenso y la pluralidad son dos valores de la democracia, que debería ser defendida por un instituto que parece que sólo lleva el nombre de participación ciudadana en el membrete.
El acuerdo no exime a nadie: diputados de todas las bancadas han sido objeto de presiones de estos operadores. Esos que piensan que no nos damos cuenta. Campañas pagadas en redes sociales que buscan interrumpir carreras políticas o que quieren que el debate siga siendo un asunto de pocos.
En Jalisco, durante el sexenio de Alfaro, había una confrontación real entre el poder y quienes disentían de él. Ahora, lo que se ha creado al margen del gobierno, es un grupo de poder fáctico que busca manchar reputaciones, castigar opositores y jugar, en la oscuridad, a la política marrullera.
Necesitamos arrojar luz sobre este tipo de conductas. Si hay desvío de recursos públicos hay que denunciarlo. Que por fin el Instituto Electoral se manifieste. Y que quienes saben algo más, digan lo que saben: necesitamos limpiar el debate ahora, para cuidar el proceso que viene en 2027. Ayudaría mucho saber quién está detrás de todo esto.
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