La configuración de los hogares en América Latina y el Caribe atraviesa una transformación silenciosa pero profunda. Un estudio de 2026 del Banco Mundial documenta que la proporción de hogares con niñas, niños y adolescentes donde la madre es la única persona adulta pasó de siete a casi 10 por ciento en 15 años, lo que equivale a un incremento de 46 por ciento en apenas una década y media. Hoy, uno de cada 10 infantes de la región crece en estos arreglos familiares. Lejos de tratarse de una anomalía estadística, este fenómeno interpela directamente a los marcos de derechos humanos y de infancias que los Estados han suscrito, y evidencia una desconexión persistente entre el discurso normativo y la política pública operativa.
Las cifras revelan una violencia estructural con rostro de género. Los hogares de madres solas registran una tasa de pobreza de 45.5 por ciento, casi el doble de la media regional de 26.8 por ciento, y en países como Brasil, Colombia, Honduras y Perú más de la mitad de estas familias vive en pobreza. Esta desigualdad no responde a la desvinculación laboral que el imaginario social suele atribuirles: más de cuatro de cada cinco madres solas participan activamente en el mercado de trabajo, frente a cerca de tres de cada cinco mujeres que crían con otros adultos en el hogar. El problema es la calidad del empleo: sin cuidado infantil de calidad, no pueden sostener trabajos formales de tiempo completo.
México no es ajeno a esta tendencia. De acuerdo con el Inegi, 11 por ciento de los hogares del país son monoparentales, en su mayoría encabezados por mujeres. Otras estimaciones ubican a estos hogares en cerca de 7.2 millones, equivalentes a 23.5 por ciento de los entornos familiares del país, de los cuales ocho de cada 10 tienen jefatura femenina y destinan más de 64 por ciento de su tiempo de trabajo no remunerado al cuidado. La política pública mexicana responde de manera acotada, principalmente a través del Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, un apoyo económico bimestral dirigido a madres solteras, padres solos y tutores de menores en situación de vulnerabilidad, insuficiente frente a la magnitud y diversidad del fenómeno.
Desde la perspectiva de género, este panorama confirma lo que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha señalado: la división sexual del trabajo de cuidados constituye una causa estructural de la pobreza femenina cuando el Estado no interviene para redistribuirla. La Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 18 y 27, obliga a los Estados a prestar asistencia apropiada para la crianza y a garantizar un nivel de vida adecuado. Sin embargo, la asistencia pública apenas representa siete por ciento del ingreso de estos hogares, mientras que las transferencias privadas, incluida la pensión alimenticia, cubren apenas 13 por ciento.
Las implicaciones para las infancias son directas: pobreza monetaria y privaciones múltiples que comprometen su desarrollo, en tensión con el interés superior de la niñez. El propio estudio identifica tres palancas –cuidado infantil accesible, protección social mejor focalizada y cumplimiento efectivo de la pensión alimenticia– que en México siguen pendientes de una política integral. La fortaleza individual de las madres no puede seguir sustituyendo la responsabilidad colectiva del Estado.
* Doctora en Derecho
GR
