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Van por juicio contra el IJCF por tráileres

Reinicio. Las entrevistas realizadas por la Contraloría del Estado, desde el punto de vista técnico-jurídico, serán pruebas documentales, señaló Gerardo de la Cruz Tovar. (Foto: Jorge Alberto Mendoza)

Por el caso de los tráileres con cajas refrigerantes en los que se depositaron los cuerpos de personas no identificadas, Gerardo de la Cruz Tovar, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, informó que abrirán otra línea de investigación de la que hizo la contraloría estatal.

De la Cruz Tovar reconoció que la Contraloría del Estado hizo algunas investigaciones y entrevistas a funcionarios, pero éstas tuvieron que ver más con el punto de vista administrativo y ahora se deben enfocar a la labor del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

La investigación se centrará en “la forma en que se realizan los hechos; únicamente que se abre una línea de investigación diferente. Lo primero que se denuncia son situaciones de naturaleza administrativa, y ahora se están manejando en la denuncia cuestiones que tienen que ver con ciencias forenses específicamente”, afirmó.

De la Cruz Tovar comentó que el trabajo realizado por la contraloría estatal, con entrevistas desde el punto de vista técnico-jurídico, son sólo pruebas documentales para sus dos denuncias, y se requieren otras diferentes para poder llevarlas a juicio.

“Son pruebas documentales, que no podemos nosotros llevar a juicio, sino que tenemos necesariamente, desde el punto de vista penal, que volver a entrevistar a todas esas personas y contrastar algunas cuestiones”, afirmó.

El fiscal anticorrupción indicó que deben hacer sus propias indagatorias para considerar si hay delitos que perseguir.

“El índice de exigencia aprobatoria en las responsabilidades administrativas es diferente a la responsabilidad penal; por lo tanto, lo que ha hecho en ese momento la contralora sí nos sirve como un dato de prueba, pero tenemos que recabar nosotros nuestros propios medios de convicción para poder, en un momento dado, decidir si hay suficiente para considerar que hay delitos y poderlos judicializar ante un juez”, agregó De la Cruz Tovar.

El funcionario subrayó que en este tipo de investigaciones no se pueden determinar los tiempos con precisión porque las investigaciones son muy complejas ya que deben entrevistar a funcionarios que están en otras dependencias, ex funcionarios y hasta particulares.

“Todavía estamos precisando qué cantidad de personas vamos a entrevistar; inclusive hay cuestiones técnicas que se tienen que ordenar y que se han estado ordenando partiendo de la primera denuncia”, precisó.

En estos momentos, la  fiscalía está determinando la línea de investigación para saber si se manejan carpetas integradas o diferentes, y las sanciones a imponer dependiendo de los delitos que se logren acreditar, ya que primero se habló de peculado y ahora se habla de ejercicio indebido de funciones.

“Primero tenemos que discriminar es si estamos únicamente ante responsabilidades administrativas o si tenemos delito; qué figura es la que se puede aterrizar y, a partir de ahí, veríamos sanciones, y obviamente le tocaría a los jueces”, finalizó.

Responsabilidades

Gerardo de la Cruz Tovar informó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuenta con más de mil 300 carpetas de investigación, y hay a dos personas vinculadas a proceso, pero por temas no mediáticos.

Los delitos de los que la fiscalía tiene conocimiento son peculado, cohecho, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, tortura y otros.

da/i