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La desilusión de nuestra democraciaTESTIMONIO | CLAUDIA ALEJANDRA CONTRERAS NAVARRO
El voto despojando afores
Vecinos del cerro del Cuatro reaccionaron legalmente con una demanda de amparo ante la justicia federal contra lo que consideran “un regalo” de la administración de Tlaquepaque a la Universidad de Guadalajara (UdeG), al cederle el parque central, de 55 hectáreas, para edificar un centro universitario.
“Las autoridades responsables, de manera discriminatoria en perjuicio del suscrito y de la población de la Zona Metropolitana de Guadalajara, están atentando contra lo establecido en el artículo 1 de la Carta Magna, pues pretenden permitir se lleven a cabo construcciones en el área natural (…) sin que medie procedimiento o juicio alguno que debe ser seguido ante los tribunales previamente establecidos”, sustancia la demanda.
Con la cesión, añade el recurso, “especialmente se transgreden los derechos de los niños y de los adultos mayores que resultan ser los más vulnerables a la contaminación, derechos consagrados en el artículo 4 constitucional y no existe mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
El argumento fundamental es que sin un espacio verde público y debidamente arbolado, la calidad de vida en la zona, acosada por la mala calidad del aire, colapsará. Para atender esta situación, la casa de estudios se comprometió a establecer un gran parque de acceso abierto y sólo desarrollar 1.5 hectáreas de construcciones.
De este modo, la acción legal, encabezada por miembros de la asociación civil Vecinos Solidarios, reclama “la ilegalidad del procedimiento mediante el que el Ayuntamiento de Tlaquepaque desincorpora y dona 550 mil metros cuadrados (55 hectáreas) y cualquier otra donación o venta de la superficie del Parque Cerro del Cuatro, ubicado en Tlaquepaque”, pero en específico “la ilegalidad del acuerdo de la sesión de cabildo de fecha del 12 de julio de 2019 y sus consecuencias legales”, de acuerdo al texto entregado el miércoles 17 de julio y que tratará el juez decimoprimero de distrito en materias administrativa, civil y del trabajo, de esta ciudad.
En el escrito, destacan “la negativa de las autoridades responsables a respetar lo establecido en el Convenio del Polígono de Alta Fragilidad Ambiental (Pofa) expedido por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y respecto del cual el Ayuntamiento de Tlaquepaque firmó el convenio de colaboración y coordinación de acciones para proteger el medio ambiente (en una) sesión ordinaria del 7 de agosto de 2014, el cual fue ratificado mediante el punto de acuerdo 257/2016 aprobado mediante sesión del 26 de agosto de 2016”.
Los vecinos también señalan omisiones de las autoridades responsables al no realizar estudios de impacto ambiental previamente a aprobar la desincorporación y donación, lo que incluye un “ilegal cambio de uso de suelo”.
DERECHO AL AMBIENTE Y SALUD
Entre los preceptos constitucionales violados, la asociación argumenta “lo establecido en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como de lo establecido en el artículo 111 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública de Tlaquepaque, ya que la ilegal donación (…) atenta contra dichos numerales al no preservar los recursos naturales”.
Los vecinos ven como un despojo de su área verde la entrega del predio, y esto deriva, añaden, en el incumplimiento de las recomendaciones 1/2009 y 15/2017 emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), y del decreto del Pofa, publicado el 23 de enero de 2007 en el periódico oficial El Estado de Jalisco. Por ello, exigen que se impida “la expedición de cualquier permiso o licencia otorgado para construir en 2019 en el área natural denominada cerro del Cuatro”, así como la ejecución de cualquier construcción.
El amparo también es en contra del gobierno del estado y del federal, a los cuales señalan por omitir “vigilar el cumplimiento de medidas de protección del medio ambiente por parte de las autoridades (locales), así como la omisión de realizar las acciones legales y establecer las sanciones correspondientes en contra de dichas autoridades con motivo del daño ambiental que causan “.
La demanda ya fue aceptada, y falta determinar si se solicita la suspensión de los actos reclamados, cuya consecuencia sería congelar el proceso administrativo de entrega del predio a las autoridades universitarias.
En la demanda se expone que ante una “afectación al derecho a un ambiente sano y a la preservación y conservación de las áreas naturales que son necesarias para la protección de la vida humana, no es un requisito que el impetrante de garantías tenga su domicilio en el municipio donde existan las áreas naturales afectadas, sino que es suficiente que el quejoso se beneficie o aproveche los servicios ambientales que presta el ecosistema, los cuales en el presente caso son escasos en el Área Metropolitana de Guadalajara”.
JJ/I