Quinto Patio

¿Cuándo las oficinas de Comunicación Social pasaron de ser operativas a enlaces o gestores? Justo cuando Movimiento Ciudadano llegó al gobierno y entregó a las empresas de comunicación La Covacha, Indatcom y EuZen el poder operativo ins-ti-tu-cio-nal. De ese tamaño. La triada propone, toma decisiones, ejecuta y difunde; Comunicación Social se encarga de convencer a los Comités de Adquisiciones de que digan sí a los contratos a ciegas y por asignación directa, y a decirle a las chiqueadas del gobernador, ¿qué necesitan? ¡Ah! Y de tareas menores. Hasta ahí. Las estrategias de comunicación pública del gobierno estatal, que derivan en campañas o el manejo de la imagen del mandatario, por ejemplo, están en manos de las empresas. 

Es decir, aparte de darles millonadas a la triada de negocios, el trabajo que realizan debería hacerlo el área de Comunicación Social; vamos, ni siquiera deberían estar contratadas, pues se duplica el aparato, el presupuesto se dispara y se margina a quienes pueden sacar adelante el trabajo. En teoría no deberían necesitarse, pero no es así en los gobiernos alfaristas, y tampoco lo era, aclaremos, en los priistas, ni lo es en los morenistas. En todos lados se cuecen habas y cada partido tiene sus favoritos, incluso, para el manejo de las redes sociales particulares de funcionarios; eso sí, a costa de los impuestos de los jaliscienses. ¿Qué tal? 

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A través de un desplegado, las principales seis universidades de Jalisco (bueno, en realidad cinco: UdeG, ITESO, Panamericana, Univa y Tec de Monterrey, porque la UAG no aparece) expresaron ayer su inconformidad “con la decisión de los legisladores de desconocer el proceso de evaluación” que desarrollaron las instituciones educativas. Recordemos que las seis universidades integraron el Comité de Evaluación durante el proceso de elección de los tres consejeros de la Judicatura y, pues, con pulcra elegancia, pusieron ayer en su lugar a los legisladores, quienes organizaron una farsa para elegir por cuotas a los cuates. 

Las universidades lamentaron que se pusiera en duda la honorabilidad, honestidad y ética de sus representantes, y expresaron su desacuerdo con que las y los diputados ignoraran la información resultante del proceso de evaluación del comité, y la evaluación de perfiles del Comité de Participación Social, “desechando el trabajo realizado por las universidades e instancias de participación social y ciudadana”. O sea, la mayoría de los legisladores burlaron las reglas que ellos mismos aprobaron para imponer, bajo consigna, a quienes ni siquiera aprobaron el examen. ¡Vaya diputados y diputadas tiene Jalisco! 

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Ayer miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), encabezada por Javier Armenta, protestaron frente a las oficinas de la Fiscalía General de la República, para que investigue la desaparición forzada cometida por policías ministeriales, en las inmediaciones de las oficinas de la Fiscalía Estatal, en la calle 14 de la zona industrial. Durante la protesta, algunos de quienes fueron torturados, expresaron las horas de terror que enfrentaron en manos de los agentes. 

La FEU exige la salida del fiscal Octavio Solís Gómez; pide conocer si realmente la fiscalía federal atrajo el caso, pues no hay evidencias de que así sea; señala que no fueron sólo dos los que participaron en el operativo; demanda el cese del hostigamiento a quienes se les despojó de sus teléfonos celulares; y aclara que continuará apoyando a profesores y estudiantes de la UdeG víctimas del atropello cometido el 5 de junio. Anotemos que por lo menos 20 maestros y alumnos de la universidad están entre a quienes ese día se les violaron sus derechos humanos. Así la justicia. 

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