Legalidad y perspectiva de género

En contra de lo que algunas personas piensan, la perspectiva de género no es una ideología, no es un conjunto de ideas con las que se pretende otorgar sentido a lo que ocurre en el mundo. La perspectiva de género es una postura científica, pues reconoce que no podemos entender y comprender lo que pasa en nuestra sociedad si no asumimos que, de hecho, todas las circunstancias de la vida se experimentan de una manera diferente dependiendo de si se es varón o mujer, especialmente porque las mujeres suelen estar en situaciones de desventaja. 

Y esa situación desventajosa no es natural, sino que es fruto de la evolución de las sociedades humanas, es decir, es algo que se construyó o fabricó, por así decirlo. Es una cuestión de poder, que como la humedad se ha metido en la forma en que vivimos las personas, tanto que desde algunas perspectivas ideológicas se considera que esa situación no se debe modificar, que la mujer debe seguir en desventaja con respecto al varón. 

Sin embargo, desde una perspectiva filosófica y científica no hay manera de justificar que las mujeres tengan que enfrentar mayores desafíos en nuestra sociedad sólo por el hecho de serlo. Quien lo trata de justificar lo hace en muchas ocasiones desde la comodidad que le da estar en esa situación, incluso si le resulta desventajosa. 

Adoptar una perspectiva de género, entonces, ayuda a darnos cuenta de situaciones que de otra manera consideraríamos como normales, y a percibir lo injustas que son. Por ejemplo, se ha demostrado que los estudiantes de ambos géneros suelen ser más exigentes con sus profesoras que con sus profesores al momento de evaluar su desempeño, y eso mismo ocurre en todos los ámbitos de nuestra sociedad. 

Un ejemplo muy claro de esto lo acabamos de presenciar esta semana, en la que una mujer que ocupaba la titularidad de una secretaría estatal se vio en la necesidad de renunciar al puesto debido a toda la presión que recibió a raíz de la publicación de una nota periodística, en la que se puso en evidencia que aún no se había titulado de sus estudios universitarios, un requisito necesario para ocupar el puesto. 

La situación podría parecer menor en una sociedad como la nuestra en la que se considera que cumplir con requisitos legales es algo opcional, como ya lo comenté en este mismo espacio, pero no lo es. Las autoridades no tienen el derecho de decidir cuándo cumplen con la ley y cuándo no. 

Pero ahora podemos plantearnos algunas preguntas desde la perspectiva de género: ¿Habría ocurrido lo mismo en caso de que el problema lo hubiera tenido un varón? ¿La presión de la sociedad hubiera sido de la misma intensidad? ¿Y cuál habría sido la respuesta del gobernador? 

Podemos especular sobre las respuestas, pero el hecho es que recientemente varios funcionarios varones han llevado a cabo actos de mucha gravedad y siguen tan campantes en sus puestos. Por ejemplo, el alcalde de Zapotlanejo, que lleva varias acusaciones de violencia en contra de mujeres, pese a que tomó cursos para no repetirlo.  

O el fiscal general, que no puede controlar lo que pasa en la dependencia a su cargo, pues está infiltrada por el crimen organizado, y tal vez por eso en Jalisco tenemos una tasa de impunidad de 99 por ciento de los delitos denunciados. ¿No debería bastar con eso para que el gobernador tuviera una plática muy seria con él y le pidiera su renuncia? ¿Se le habría tolerado seguir en el puesto en esas circunstancias si fuera mujer? ¿Y qué es más grave, ejercer un cargo sin tener acreditado el nivel académico requerido, o permitir que la población siga expuesta a sufrir crímenes impunemente? 

[email protected] 

Twitter: @albayardo

jl/I