El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) reportó que, de acuerdo con datos oficiales analizados por la organización, al corte del 31 de octubre de este año había mil 797 mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas en la entidad. De ese total, sólo mil 299 casos contaban con una carpeta de investigación ante la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas (VPD), es decir, el 72 por ciento.
Los 498 casos restantes únicamente tenían reportes de búsqueda y no una denuncia formal.
Ante ese escenario, Cladem señaló que la falta de denuncia en el 27.7 por ciento de los casos de mujeres, niñas y adolescentes reportadas como desaparecidas en Jalisco representa un grave obstáculo, ya que impide la activación de diligencias indispensables que, por mandato legal, solo pueden ser solicitadas o autorizadas por el Ministerio Público.
El comité explicó que la ausencia de denuncia constituye un obstáculo crítico para la búsqueda y localización, pues restringe el acceso a videograbaciones, intervenciones de comunicaciones, análisis patrimoniales, inspecciones y otras actuaciones urgentes.
La organización sostuvo que esta situación refleja un contexto persistente de violaciones graves a los derechos humanos de mujeres y niñas en el estado, el cual no ha sido atendido de manera adecuada por las autoridades.
Asimismo, indicó que los casos sin denuncia evidencian barreras estructurales para acceder a la justicia, relacionadas con la revictimización institucional, deficiencias de los primeros respondientes y factores sociopolíticos como la desconfianza hacia las autoridades, el miedo a represalias y la desinformación, condiciones que afectan de manera diferenciada a las mujeres y sus familias.
Cladem advirtió que la ausencia de una ruta clara, accesible y segura para reportar desapariciones impacta directamente en el derecho a la búsqueda inmediata, especialmente en el caso de niñas y adolescentes, quienes requieren medidas reforzadas de protección.
Finalmente, subrayó que la falta de denuncia no debe interpretarse como desinterés familiar, sino como consecuencia de un entorno institucional que desalienta la participación, reproduce estereotipos de género y no garantiza condiciones mínimas de confianza.
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