Expediente sobre Cabeza de Vaca no será público

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez Álvarez, de Morena, contradijo al presidente Andrés Manuel López Obrador y sostuvo que no es posible hacer público el expediente judicial del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Luego de que López Obrador pidió hacer públicas las pruebas y acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal en contra del gobernador panista, Gómez señaló que “eso no es posible, no lo permite la ley y es un delito”.

“Las personas que tienen acceso a este expediente lo hacen en condición de sigilo. La ley dice que no y también está dentro de la ley de Transparencia, está la excepción expresa”, dijo Gómez en entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro. "No se puede abrir al público el expediente, está prohibido por la ley y es un delito", agregó.

Gómez Álvarez explicó que, si el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quiere dar a conocer elementos, es su responsabilidad.

"El inculpado también la puede tener libremente, incluso pedir copias, de lo que está en el expediente, bajo su responsabilidad”. Aunque “la Fiscalía ya lo dio a conocer a través del documento que presentó, en el momento en que hizo la promoción. Son tres delitos y todos los periódicos lo publicaron”, indicó el legislador de Morena.

Insistió en que la Sección Instructora no puede dar a conocer lo que está en el expediente porque no es el procedimiento.

"En el expediente obran nombres, datos personales, no solamente del inculpado, sino de muchísimas otras personas. Esas personas tienen derechos y no pueden ser atropelladas esas personas y nosotros somos custodios de eso”, detalló Gómez Álvarez.

Precisó que después de que el gobernador fue notificado el lunes, empezaron a correr siete días para que él declare ante la Sección Instructora. “Si no declara, se entenderá que las acusaciones presentadas en su contra las niega; el que no declara, niega. Pero no el que calla acepta”.

Luego las partes tienen 30 días para hacer el acopio de pruebas, para la presentación y también para contradecir o para desvirtuar las pruebas presentadas por la Fiscalía. Luego, la Sección tendrá otros 30 días para evaluar la situación y tomar sus decisiones, dijo.

EH