Quinto Patio

Personal de salud, el que anda en la batalla dentro y fuera de áreas de Covid-19, no sólo está enojado, sino preocupado por las prioridades de vacunación. La gota que derramó el vaso fue cuando escucharon al Ejecutivo que llegaron más vacunas y las destinarán a los reclusorios, cuando falta mucho personal dentro de la Secretaría de Salud que no ha recibido el biológico. Los inconformes hablan de que sólo han vacunado a 2 mil de los 20 mil trabajadores de la secretaría, una cifra muy baja respecto a lo que ocurre con el IMSS, donde aseguran que ya casi todos están inmunizados. Están tan enojados que ya no quieren ir a trabajar sin vacuna, y hasta hablan de un posible paro para ser escuchados.

La primera muestra de inconformidad son los pines que ya hicieron con la leyenda: “Soy personal de salud y no he sido vacunado por Covid-19”. El colmo es que quienes aplican las vacunas no están protegidos. Ni el sindicato los escucha, indican, y señalan que el responsable de la deficiente organización es el director del OPD Servicios de Salud, Jesús Méndez, quien no vio por ellos. Los demandantes pertenecen a las unidades de salud, oficinas centrales, la Mate, el Instituto de Cirugía Reconstructiva, Salme, Dermatológico, hospitales de la mujer, hospitales regionales, centros de salud, laboratorio y consejos estatales, banco de sangre, entre otros. La SSJ sólo aplicó vacunas en los hospitales Ángel Leaño, General de Occidente y el de Puerto Vallarta. Ronda el fantasma de un paro.

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Desde el gobierno federal llegó el mañanero mensaje de que Jalisco es una de las entidades con mayor violencia, y donde los candidatos a puestos de elección en junio corren riegos por parte de la delincuencia, sobre todo los aspirantes a presidentes municipales. De ahí que ayer se les ofreció protección, siempre y cuando lo acepten los gobernadores y los mismos buscadores de alcaldías, entre otros. Incluso, a los hampones se les puede aglutinar en el Partido de la Delincuencia Organizada (PDO) para cooptar candidatos y financiar campañas.

Diseñemos un escenario hipotético, de mera calentura mental: participarán 13 partidos en los comicios, y si todos registraran candidatos a alcaldes en los 125 municipios, se tendrían mil 625 aspirantes, sin incluir sus planillas. Va pregunta malévola: ¿a cuántos estiman que les echaría el ojo el PDO para afiliarlos? Se vale especular.

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Aunque el multihomicidio de La Jauja, en Tonalá, es el que ha cobrado más víctimas de un jalón en los últimos seis años, el fiscal Gerardo Solís prefiere reservarse la información del caso. Ayer admitió que ya había algunos datos que ligaban el crimen a otras dos carpetas de investigación. ¿Qué indicios? ¿Cuáles carpetas? ¿De qué delitos? No le pregunten, porque si dijera algo podría comprometer el curso de las indagatorias.

Algo similar pasa con el caso del asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval. Ya hay órdenes de aprehensión y policías investigadores están trabajando por cumplimentarlas, pero todo es sigilo al respecto. Las fotos de los presuntos responsables ya salieron en la tele y en los diarios, pero aún no se puede revelar información hasta que los capturen, porque, ¿qué tal si logran evadir a la justicia? (¡Mááááááássss!).

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La noticia es malísima: la ley de personas desaparecidas, que tanto trabajo costó a colectivos, especialistas y poquitas diputadas, y que tanto se celebró tras más de dos años de retraso, y de trabajo, discusiones, análisis, jaloneos, al final de cuentas quedó malhecha. Tiene graves pifias. ¡Chin! Y ahora, cuando el tiempo apremia, a enmendarla. ¡Uf! (Un tallercito de redacción y otro de técnica legislativa no estaría mal para el Congreso local).

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jl/I