Quinto Patio

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ventaneó al gobernador Enrique Alfaro Ramírez al presentar las cifras oficiales. El mandatario (como le encanta que se le diga porque cree que significa ‘el que manda’) explicó que desde su punto de vista no hay crisis forense porque el Servicio Médico Forense (Semefo) no está desbordado, pero resulta que sí lo está.

El IJCF describió que en Tlaquepaque sólo tienen capacidad para almacenar 505 cuerpos y ya tienen 546 personas fallecidas sin identificar, más 102 secciones anatómicas. Aquí la pregunta es, ¿en qué condiciones tienen a los cuerpos que ya no caben? Si eso no es una crisis, no queremos saber qué es una crisis.

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Al margen de que se entreguen o no los cadáveres de las personas asesinadas a sus familias, para el fiscal Gerardo Solís “lo importante es que existe una coordinación de manera permanente”. O sea, se puede inferir que no importa tanto si saben o no de quién es ese brazo y esa cabeza que están ahí almacenados en una gaveta del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), no tanto si las familias tienen un cierre emocional del enorme trauma que es la desaparición de una persona, sino que el fiscal cree que el ministerio público está coordinado con los forenses.

Como en ruedas de prensa previas, el fiscal dijo que ya ha mencionado antes que la Fiscalía se comunica constantemente con los peritos. Eso sí, Solís advirtió que “algunos trámites se pueden dilatar más que otros”. Todo esto en respuesta a una pregunta acerca de una víctima que estaba inhumada en la fosa de Santa Ana y que nomás no ha sido entregada a su familia. Una queja que constantemente se escucha, donde esa dilación puede llegar a ser de años. Nomás.

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La Universidad de Guadalajara (UdeG) no suele moverse sola; suele buscar que el mismo día o en tiempos cercanos en que dará anuncio importante, pues, que todos sus ¿alfiles?, ¿aliados?, ¿compas?, ¿operadores?, estén en frecuencia. Ayer lo hicieron medio en sintonía: primero, el partido Hagamos, dando un golpe por las reformas anticorrupción; luego los diputados sin partido, pero moralmente de Hagamos, Mara Robles y Enrique Velázquez.

Ambos legisladores locales dieron el anuncio velado de que la UdeG regresaría a clases, pero que lo hará bajo ocho indicadores, y pidieron el respaldo de la sociedad para la comparecencia del secretario de Educación. Después, la UdeG confirmó que planea un regreso híbrido. Las diferencias entre la UdeG y el Ejecutivo no han cesado y pareciera que esto apenas empieza.  Habrá que mantenerse al pendiente para saber si en la confrontación la casa de estudios suma apoyos.

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Les pusieron, por fin, un “estate quieto” a los vendedores de autos seminuevos (mejor conocidos como coyotes) que, desde hace uuuuhhhhh años, muchos años, se creyeron dueños de las vialidades de Guadalajara y sus comarcas de alrededor. Y es que, tras varias quejas y luego de ser evidenciados en los medios de comunicación, hasta ahora la cacería rindió frutos. Las aceras eran sus sitios de venta. Qué importaba si obstruían rampas, invadían cocheras o líneas amarillas. La impunidad, al menos hasta ayer, se les acabó.

El operativo arrasó con 14 autos, folios, infracciones, y hasta con el levantamiento de 600; sí, leyó bien, 600 objetos que eran usados por estas personas para apartar, mostrar y llamar la atención de clientes. En las camionetas del ayuntamiento, aunque usted no lo crea, iban hasta piñatas. Se les terminó el corrido, por lo menos por un tiempo. Seguramente los vecinos, ahora sí, tendrán un respiro y un sitio donde estacionar sus autos. Que la máxima zapatista no aplique: la banqueta no es de quien la trabaja.

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jl/I