Quinto Patio

Aunque el gobernador Enrique Alfaro Ramírez defendió que la Policía Vial dependa de la Secretaría de Seguridad, nunca dijo las razones. Sin embargo, en esta ocasión tiene razón, porque ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al respecto. ¿Recuerdan que, en la administración pasada, que encabezó el entonces gobernador Aristóteles Sandoval, también se había dejado en manos de la Fiscalía?, ante los cuestionamientos se regresó a la desaparecida Secretaría de Movilidad. Esa decisión fue impugnada por la ex fiscal de la República Arely Gómez González porque las policías de todos los ámbitos forman parte del Sistema Nacional de Seguridad, así que la Corte revisó el tema y determinó que la reforma era incorrecta y que la Policía Vial debía cumplir funciones de seguridad.

Según la Corte, no es un asunto simple, sino que se trata de la función que tienen las policías para la investigación de los delitos, facultad que se les otorgó en la reforma federal de 2008. Hay que aclararlo, porque luego los mal pensados suponen que los agentes viales sirven solo para encajar el diente y que son una especie de recaudadores con uniforme por tantas infracciones que imponen. ¿Oquey?

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El que siempre tiene puertas abiertas para los jaliscienses, ayer, oooooootra vez les negó audiencia a las madres de desaparecidos. Decenas de ellas marcharon con la esperanza de ser escuchadas por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y que por fin se ponga a trabajar en el tema, al lado de las familias, pero esto ya pasó a ser un sueño guajiro.

El problema es que las madres ya están hartas de que el gobernador salga en sus videítos en redes sociales a asegurar que trabajan y trabajan cuando esto, reiteran, no es cierto. Si en verdad trabajaran ya no hubiera personas desaparecidas, pero el número aumenta. Lo que sí es que las carpetas no avanzan y las madres tienen que sacrificar su plan de vida por irse a las calles a repartir hojas de búsqueda, a preguntar por sus hijos hasta encontrarlos, porque la autoridad nomás no.

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Lo que se ve en los videos es solo parte de la historia de la trifulca entre los pepenadores y los antimotines. El oootro relato es del que no existen videos, pues los arrejolaron en palacio de gobierno, los amenazaron, los insultaron, los golpearon y les robaron o destruyeron los celulares, pa que no quedara huella. Como contó uno: nos trataron como si fuéramos criminales.

Y sucedió algo similar a lo que padecieron los manifestantes en junio de 2020 privados ilegalmente su libertad por elementos de la Fiscalía del Estado, también cuando querían protestar frente a dicha dependencia: amenazaron con desaparecerlos. Se asumen los gendarmes estatales como desaparecedores. Esos son los que dicen proteger a los ciudadanos en tiempos alfaristas.

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El lunes, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez se sentó frente a una cámara a dar la noticia de que el cubrebocas deja de ser obligatorio en Jalisco, pero como siempre, lo que dice no necesariamente es todo lo que se publica en el periódico oficial El Estado de Jalisco. Ayer, cuando se publicó el acuerdo, quedó claro que la no obligatoriedad es a criterio de los empresarios, que quienes consideren que en sus establecimientos debe continuar la medida, la podrán implementar.

Es decir, lo único que hizo el gobernador fue, ahora sí de plano, dejarle la responsabilidad de la pandemia a la población y a la iniciativa privada. Ante eso, que el cubrebocas seguirá siendo parte de su atuendo facial. Ni peiper. A seguirnos cuidando.

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