Siapa falla en entregar plan

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) incumplió con la entrega del plan de acción integral que debía presentar al Congreso del Estado como parte de los compromisos derivados del aumento del 9.65 por ciento en sus tarifas que el Legislativo le aprobó a fines de junio. 

Aunque el organismo notificó dentro del plazo legal que el documento aún no está listo, no existe sanción alguna por esta omisión, ya que el decreto aprobado no contempla penalidades en caso de incumplimiento.

El organismo envió un oficio el 30 de septiembre al Legislativo para informar que el plan sigue en elaboración. En el documento el Siapa señala que “trabaja en la formulación del plan institucional del siapa”, el cual, según expone, está regulado por la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y “coincide en sus contenidos con el Plan de Acción Integral”.

No obstante, no especifica fechas de entrega, avances ni ejes ya trabajados. 

En un diagnóstico del sistema entregado el 29 de agosto al Congreso, el director general del Siapa, Antonio Juárez Trueba, afirmó que el plan sería entregado en un plazo máximo de 90 días naturales a partir de la publicación del decreto del alza a las tarifas aprobada por el Congreso; al tarifazo se le dio luz verde el 26 de junio en el Legislativo y poco después, el 3 de julio, se publicó en el periódico oficial El Estado de Jalisco, por lo que el periodo ya se cumplió.  

“(El plan) se entregará en un plazo no mayor a los noventa días naturales desde la publicación de lo mandatado por esta soberanía”, se lee en el documento firmado por Juárez Trueba.

En la comunicación más reciente al Congreso, el organismo mencionó que actualmente un despacho contratado ex profeso lleva a cabo una auditoría externa integral; los trabajos iniciaron el 17 de septiembre y concluirán el 31 de diciembre de 2025. Los resultados de dicha auditoría serán entregados a los diputados del Congreso del Estado.

Asimismo, el Siapa informó que, en coordinación con dependencias del Ejecutivo estatal, elabora una propuesta de reingeniería del organismo operador con base en cuatro ejes principales: gobernanza y administración; infraestructura y operación técnica; finanzas y sostenibilidad, y relación con usuarios y confianza social.

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