En los últimos días hemos presenciado la inconformidad de agricultores debido a la reforma a la ley de aguas, propuesta por la Presidencia del país.
El debate es por la centralidad del Estado en las decisiones sobre el uso del agua limpia, la que es necesaria para la producción, en este caso, en la agricultura.
La mala noticia es que ni la rectoría del Estado, ni la gestión de los sectores productivos han garantizado un esquema jurídico que integre a los ciudadanos para que los proyectos de expansión urbana-agro-industrial se regulen adecuadamente y dejen de contaminar y de generar enfermedades en las poblaciones humanas y no humanas donde habitan los ríos o lagos.
El derecho al agua como bien humano que se enfatiza en la reforma propuesta no parece incluir la responsabilidad ni del gobierno, ni de los productores, sean agricultores o industriales o de la población urbana que obligue a reestablecer el ciclo del agua, a descontaminar o tratar las aguas contaminadas, recargar los mantos acuíferos y determinar que contaminar el agua sea un delito grave.
A ello abona que el marco legal del agua esté fragmentado. Por un lado, lo que más llama la atención y genera debate es el uso y el derecho al agua. Un agua limpia y suficiente. La ley reserva a la Federación el otorgamiento de concesiones para “explotar” (aunque signifique agotar).
Por otro lado, lo relacionado con la responsabilidad y la vigilancia para que el agua no sea contaminada, es la parte más débil de la ley. Tiene desventajas para los gobiernos locales y menos recursos dedicados a ello.
Y quizás el hueco más importante de la ley es que no señala nada sobre la especulación del agua que genera zonas de sacrificio ambiental. Es necesario frenar esta práctica y sanar los daños que provoca. Nada se habla en la reforma para dar un giro a la ley en este sentido.
La población de El Salto nos ha hecho aprender, tal como lo hicieron en la más reciente manifestación ante el gobierno de Jalisco, que hay vacíos que no mira el estado de derecho ni el derecho humano al agua que se pretende en la reforma de ley.
Las poblaciones de El Salto y Juanacatlán han mostrado que están enfermas por la contaminación del agua y que el Estado de derecho no ha sido suficiente y menos eficiente.
Con total dignidad exigen poner un alto a las obras de expansión industrial que los amenaza y la implementación inmediata del Plan de Atención y Prevención de Daños a la Salud por Contaminación Ambiental en El Salto y Juanacatlán, así como el freno a las gestiones y autorizaciones para la instalación de las termoeléctricas en estos municipios.
Como se ve, se requiere una reforma más exigente, no sólo a nivel jurídico, sino pedagógico, para aprender a transformar las costumbres que ha dejado el trato pragmático e irresponsable del agua.
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