El año comienza con dos noticias que involucran temas ambientales de manera importante: el agua y el aire en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Sin embargo, no fueron manejados así por las autoridades de manera que se evidenciara la existencia de una política ambiental en esta gran ciudad.
Durante los primeros días del año algunas colonias sufrieron recortes de agua potable, y días después se anunció un incremento al transporte público urbano. En ninguno de los dos casos las autoridades asociaron sus medidas a una que contribuya, por un lado, al aseguramiento del agua, y por el otro, a la calidad del aire en nuestra ciudad, a pesar de los problemas que ya se tienen por la explotación de acuíferos y también por la contaminación del aire en Guadalajara.
En el primer caso, el recorte de agua potable se justificó por el mantenimiento requerido en las vías de abastecimiento. La página web del Siapa dice que “las acciones forman parte de una intervención preventiva indispensable para conservar en óptimas condiciones los equipos, prolongar su vida útil y reducir riesgos que podrían comprometer el suministro de agua en el futuro. Los trabajos sustituyen los mantenimientos que tradicionalmente se realizan durante la temporada de Semana Santa”.
La medida, entonces, protege el sistema hídrico del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), pero no al agua. La prioridad que se muestra públicamente es evitar los recortes durante el periodo de estiaje, para que el servicio no se interrumpa entre los consumidores (habitantes de la ciudad).
En el caso del transporte público, después de que ciertos sectores se manifestaran sobre el impacto económico en las familias debido a este incremento, las autoridades decidieron ajustar la cuota a estos sectores. La medida, empero, no ha sido relacionada con el manejo de las ciclovías en la urbe, ni con exigir un compromiso ambiental y de calidad del servicio a los concesionarios, por ejemplo.
De acuerdo con investigadores vivimos una crisis ambiental en cuanto al balance hídrico en la ciudad y la calidad del aire, entre otros problemas.
Atender estos problemas no parece figurar entre las medidas anunciadas por las autoridades. Los habitantes estamos siendo percibidos como consumidores de servicios, por lo que se incentiva una relación con estos temas mediante el cobro o la eficiencia de los mismos, nada más.
El efecto pedagógico en la población no es comprender el ciclo del agua y el desbalance hídrico que propiciamos. Por el contrario, se refuerza el pragmatismo. La oportunidad para que las autoridades generen un binomio con la participación ciudadana para, por ejemplo, proteger zonas de infiltración de la lluvia, reforestar la urbe, separar aguas pluviales, reducir el uso y la contaminación del agua, junto con gestionar y mejorar en conjunto el transporte público, se dejó pasar.
¿Cuándo será el momento propicio para que las autoridades (estatales y municipales) dicten y ejerzan una política integral del agua y del aire en la ciudad?
jl/I
