La ley de desaparición forzada

Los periodistas estamos vinculados con la recién publicada Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Aparecemos de manera implícita porque nuestra convicción, responsabilidad y deber ético es informar lo que sucede en torno a las desapariciones en México.

También aparecemos de manera explícita. La ley entiende como noticia a “la comunicación hecha por cualquier medio, distinto al reporte o a la denuncia, mediante el cual la autoridad competente conoce de la desaparición o no localización de una persona”. Cuando la prensa dé a conocer noticias de niñas, niños y adolescentes desaparecidos se iniciará carpeta de investigación “en todos los casos” y las autoridades emprenderán la búsqueda especializada inmediata y diferenciada. Eso nos obliga a los periodistas a, con mayor empeño, ofrecer información de calidad sobre los casos de desaparecidos. Están en juego vidas.

Además la ley precisa que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, apoyo o aquiescencia de un servidor público, “prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar información sobre la misma o su suerte, destino o paradero”.

La pena que se impondrá a los culpables es de 40 a 60 años de prisión, más la multa. Las sanciones podrán aumentarse hasta en la mitad cuando, entre otras posibles víctimas, la persona haya sido desaparecida “en razón de su labor como periodista”.

La ley señala que las acciones, medidas y procedimientos establecidos son diseñados, implementados y evaluados aplicando 13 principios a mi juicio relevantes, necesarios, sensibles hacia el dolor de las víctimas y sus familias. Tales principios son efectividad y exhaustividad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, enfoque humanitario, gratuidad, igualdad y no discriminación, interés superior de la niñez, máxima protección, o revictimización, participación conjunta, perspectiva de género, presunción de vida y verdad. En conjunto son valiosos principios. Respetarlos, cumplirlos y que sean lineamientos obligatorios desde los policías hasta los fiscales implicaría renovar a fondo las instituciones, pero éstas se hallan tan corrompidas que lo pongo en duda.

Desde otra visión, la ley es no sólo una arquitectura jurídica sino también un discurso que trasluce el terror, el dolor y la violencia que asola a la nación; es una ley que, como debe ser, fue construida desde la lógica del derecho y que desde otro plano muestra cómo el país llegó a la locura: el territorio es un psiquiátrico, donde ha sido necesario regular, medicar, controlar legalmente los demonios sueltos de personas y grupos. A través de la ley emerge la oscuridad de miles de mexicanos involucrados en las desapariciones. La norma habla de banco nacional de datos forenses, de registro nacional de personas fallecidas y no identificadas, de registro nacional de fosas comunes y fosas clandestinas, de desapariciones forzadas; de delincuentes que ocultan, desechan, incineran, sepultan, inhuman, desintegran o destruyen, total o parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de una persona, etcétera. Son más que palabras: son el mapa del odio y la violencia.

Las organizaciones del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México señalan que la promulgación de la nueva ley es una muestra de buena voluntad frente a la magnitud que ha alcanzado la crisis de desapariciones y demás violaciones de derechos humanos e impunidad en el país. Sin embargo, las familias exigen que la promulgación tenga ruta clara para la implementación y que cuente con los recursos adecuados y suficientes, más allá de los dotados actualmente en el presupuesto 2018; que el Estado renueve su compromiso con los organismos internacionales de derechos humanos y con miras a una implementación adecuada y participativa de las familias estarán esperando fecha para reunirse con el Ejecutivo, los funcionarios involucrados y las autoridades de los estados. En ese punto, los de Jalisco arrastran enorme deuda con las víctimas.

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JJ/I