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Empiezan las campañas
Podemos entender que por ser ingeniero de profesión el gobernador Enrique Alfaro Ramírez presente una iniciativa de reforma al Poder Judicial con una serie de absurdos, pero creer que recurrir a un discurso de pendenciero justifica sus propuestas argumentando que es una exigencia de los jaliscienses, creo que en nada abona a la concordia y respeto que debe de existir entre poderes ni al clima de crispación que reina en el ambiente de la sociedad por los altos índices de inseguridad y corrupción.
Festinar que haya “resistencia” a sus propuestas por parte de los grupos de poder que controlan el Poder Judicial y decir que “me encanta la idea” porque el enfrentamiento “es la especialidad de la casa” y que “estamos listos para dar la batalla” no es el papel de un gobernante que está obligado a conducirse en los mejores términos ante sus gobernados.
Que para el gobernador de Jalisco que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución Política federal y la del estado, así como las leyes que de ellas emanen, sea “un argumento simplón” el reclamo que le hace el presidente de otro de los poderes del estado de respeto a su autonomía evidencia no sólo una majadería, sino la creencia de que el Ejecutivo está por encima del Judicial y que desde Casa Jalisco se puede actuar a placer de su inquilino.
Siendo Alfaro Ramírez ingeniero, ¿acaso ninguno de sus brillantes asesores en materia jurídica le hizo ver la inconstitucionalidad de su propuesta de aplicar exámenes de control y confianza –no de “control de (sic) confianza”, como él lo dijo–, a magistrados y jueces, como ya lo declararon a medios de comunicación juristas conocedores del derecho e, incluso, los propios diputados que ya le advirtieron que así no pasará su reforma?
Quizás no deba sorprendernos el papel de sus asesores cuando el titular de la Consejería Jurídica, Adrián Talamantes, declaró el viernes pasado a los medios que los jueces y magistrados en funciones tendrían también que someterse a dicha prueba o serían separados de su cargo. ¿No es esto técnicamente una amenaza del Ejecutivo al Judicial? ¿No es pretender someterlo a su voluntad? ¿O cómo se entiende lo anterior?
¿Creerá el gobernador que alzar la voz y decir que la oposición del Poder Judicial a la aplicación de dichos exámenes “es cinismo y miedo”, preguntar “¿a qué le temen?” porque “el que nada debe nada teme”, y asegurar que la propuesta de estos exámenes no sólo es de él sino también de las universidades, Colegios de Notarios y del Sistema Estatal Anticorrupción, justifica y valida la aplicación de una acción inconstitucional? No creo que en las universidades, en el Colegio de Notarios y en el Sistema Estatal Anticorrupción haya tanta ignorancia como para plantear una propuesta tan aberrante.
Sobre este tema el presidente del Poder Judicial, Ricardo Suro, declaró: “Hay una separación de poderes como tal (…), podemos presumir que en Jalisco hay un respeto a la autonomía de los tres poderes (…), en lo personal no coincido con el tema de los exámenes de control y confianza como se maneja, no concibo la idea de que un poder analice a otro poder desde el punto de vista del examen”.
A lo anterior, el ingeniero Alfaro respondió: “No es violencia a la autonomía, ¡que no den un argumento ‘simplón’!”.
Eso sí, aclaró que serán los legisladores los que decidirán si el asunto de los exámenes de control y confianza se queda o no en la reforma. Yo auguro que, salvo que los diputados demuestren una ignorancia del tamaño de su mala fama, se rechazará la propuesta de someter a jueces y magistrados a esta prueba tal y como lo presentó el ingeniero Enrique Alfaro, pues saben que pretender darle gusto es abrir la puerta para que el Poder Judicial se ampare o presente una controversia constitucional… y la perderán.
ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.
JJ/I