Periodistas: ¿empresarios o hampones?

En una entrega anterior se apuntaba que las discrepancias entre el gremio periodístico y las acciones gubernamentales debían ser consideradas como expresiones discursivas en una normalidad democrática. Eran consecuencia de la función de vigilancia que los medios ejercen sobre el ejercicio de gobierno. También se apuntaba que dicha relación no se producía en un espacio etéreo, sino que se encontraba determinada por los intereses específicos –económicos, políticos, sociales– de los actores en cuestión. Aunque la información es el elemento sustancial de los discursos periodístico y gubernamental, su instrumentación se encuentra enmarcada para responder, precisamente, a estos intereses.

Es menester tener en cuenta este esquema para analizar los recientes eventos que han suscitado nuevas fricciones entre el gobierno federal y un sector de comunicadores. El pasado jueves, el diario Reforma publicó una lista de periodistas y empresas que habían obtenido contratos de publicidad oficial, por el gobierno de Peña Nieto, y cuyo monto en conjunto superaba los mil millones de pesos. El gobierno aclaró que dicha lista se refería, exclusivamente, a los contratos obtenidos por periodistas en particular o de empresas en las que aparecían como titulares. La lista la encabezan Joaquín López Dóriga, con 251 millones; Federico Arreola-Diario digital SDP, con 153 millones; y Enrique Krauze-Editorial Clío, con 144 millones de pesos. A continuación, con montos menores aparecían los nombres de Óscar Mario Beteta, Beatriz Pagés, Callo de Hacha (¡!), Raymundo Rivapalacio, Ricardo Alemán, Adela Micha, Luis Soto, Pablo Hiriart, Jorge Fernández Menéndez, Rafael Cardona, Roberto Rock y otros más.

No resulta difícil advertir que casi la totalidad de los enlistados forman parte de un sector caracterizado por su permanente oposición a las acciones emprendidas por el nuevo gobierno. Su antilopezobradorismo es añejo y data desde su desempeño al frente de la Ciudad de México. Pero ése no es el aspecto que resulta relevante para este análisis. No. Lo que importa es la dualidad de intereses a los que responden debido a su doble condición de periodistas y empresarios. Una condición que, si bien no puede calificarse de perversa, sí provoca un serio cuestionamiento por el conflicto de intereses que entraña. Su función se desdobla en que como periodistas ejercen su función de vigilar al gobierno; pero como empresarios se convierten en sus contratistas. Una relación mercantil implica un compromiso entre las partes. La situación da pie a muchas suspicacias, ¿hasta dónde el monto de la publicidad obtenida incide en la calidad de la vigilancia? ¿En qué momento el periodista sucumbe ante el empresario?

En días pasados, AMLO calificó de “hampa periodística” a quienes difundieron el rumor falso de una crisis en su gabinete. En un evento en Guadalajara, Krauze, que había negado la autoría del concepto, llamó a “defender a la prensa”. Empero, en su texto “Por una democracia sin adjetivos”, publicado en 1983, el mismo Krauze refiriéndose a la prensa escribió: “Dejemos a un lado la corrupción, los embutes, las plumas mercenarias y toda el hampa periodística. Si se juzga el contenido de la prensa no oficial, a pesar de que no faltan los buenos periodistas, el panorama es desolador”.

El diagnóstico sigue sonando actual. La definición de hampa periodística, también. La única duda es, si a los periodistas que se benefician de contratos gubernamentales, hay que considerarlos como empresarios o como hampones.

@fracegon

JJ/I