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Rompiendo
Ley Telecom
Nadie sabe, nadie supo. Aunque el gobernador Enrique Alfaro afirmó recientemente ante medios de comunicación que él y su homólogo guanajuatense le presentaron al presidente Andrés Manuel López Obrador un análisis técnico sobre la viabilidad de la cortina de la Presa El Zapotillo, realizado por ambos estados en colaboración con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ninguna dependencia de la administración estatal tiene idea del asunto.
Según las palabras del gobernador, en lo que va de la administración –poco más de medio año– habrían hecho un análisis similar al que a la propia ONU le llevó dos años. En todo caso, si el estudio existiese y lo hubiera hecho la Conagua, ¿por qué entonces el gobernador lo presumió como propio? Si concedemos que no se trata de una flagrante mentira, sino sólo de un error de comunicación, es uno de grandes implicaciones, sobre todo en una administración que se jacta de ser transparente a más no poder. Una raya más al tigre corrupto que ha resultado ser este megaproyecto.
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Añadamos que la directora de la Conagua, Blanca Jiménez, y el secretario estatal de Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón González, estuvieron de gira por la zona de los Altos de Jalisco recorriendo comunidades opositoras a la Presa El Zapotillo. Activistas señalaron que sólo con visitas sorpresa dan la cara los funcionarios. Una pregunta: ¿informarán oficialmente de la gira de Blanca Jiménez y Jorge Gastón?
Sin previo aviso por la presión de los medios informativos en el caso de la Villa Panamericana, dicen que el gobierno del estado improvisó el Decreto de Recuperación Ambiental para El Bajío, esto para poder calmar las aguas y aterrizar en blandito (o al menos, menos duro) el anuncio oficial de su venta para vivienda. Pues bien, resulta que el decreto implica 39 acciones para recuperar la zona y ¿con qué dinero? Pues con el de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) para el empiezo, según confirmó la misma dependencia, y lo mero caro que es un sistema de medición de agua subterránea, ái después nos avisan de a cómo y de dónde. ¿Huele a improvisación?
No se trata de meter las manos al fuego por nadie, pero ¿a poco no es sospechoso que se trate de penalizar a dos de los adversarios fundamentales de la solución negociada para la Villa Panamericana con oportunas denuncias de fraude y abuso sobre un montón de particulares supuestamente extorsionados por años? Porque, independientemente del sustento de esas 15 denuncias recibidas por el fiscal del estado, podemos adelantar dos grandes oportunidades para los intereses del gobernador. La primera es que por fin tenga sustento su acusación enconada contra el Parlamento de Colonias, después de tres años de señalarlos como parte de una red de complicidades para controlar el desarrollo urbano de la ciudad. La segunda, que se elimine a dos adversarios de la sociedad civil que no le han hecho el juego a Movimiento Ciudadano, un proyecto político tan ciudadano que si no tiene a los ciudadanos de su parte puede acusarlos de extorsión.
Dice un dicho popular que el que la hace la paga, pero pareciera que en la ciudad las cosas no funcionan así. Aunque para la construcción de la nueva sede del consulado de Estados Unidos en Guadalajara se derribaron un número indeterminado de árboles, serán los tapatíos quienes terminarán pagando no sólo los costos ambientales, sino también los económicos para la reposición de los mismos. El gobierno municipal destinará más de 2 millones de pesos para reforestación y “obras de mitigación por obras de urbanización”, a pesar de que éstas no las realiza el ayuntamiento. Nadie sabe para quién trabaja.
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da/i