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Pagando las cuentas
Mejor restar
Y después de meses de especulación se hizo la luz sobre el relleno sanitario Laureles, pues ya le cantan las golondrinas para cerrarlo. Todo muy bonito y todo muuuuuy fluido en el anuncio oficial, hasta que se le preguntó al gobernador Enrique Alfaro por las sanciones pendientes a la empresa Caabsa por los incumplimientos históricos a la norma ambiental. Tons, sucedió lo previsto: ahí endureció la cara y dijo en pocas palabras que no tiene fecha para multarla.
Y, ya encarrerados les comentamos que de la reparación del daño… bueno, mejor ni hablamos, pues aunque la pidió la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) para las poblaciones vecinas al vertedero, Alfaro dijo que no trabaja por presión de nadie ni de la propia comisión. La pestilencia, las enfermedades, el incendio del relleno y demás calamidades, no cuentan ni importa ni nada. O sea, ¿y la soberbia?
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Al debate de uno de los temas más dolorosos de Jalisco le entró la Universidad de Guadalajara (UdeG): el del hallazgo de una fosa clandestina en un predio de La Primavera, en Zapopan. Y la Universidad lo hizo a través del recién integrado Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en Materia de Desaparición Forzada, que dio a conocer ayer un comunicado y desplegado en el que hace certeras críticas a cómo se han desempeñado las autoridades sobre ese tema, y también le propinan señalamientos reprobatorios al coordinador del gabinete de seguridad pública, Macedonio Tamez.
El comité de la UdeG, integrado por especialistas, hizo una serie de llamados a las autoridades. Por ejemplooooo, que se realice una actuación judicial expedita y acorde a la magnitud de los hallazgos, donde los responsables deben ser pronto identificados, detenidos y sometidos a proceso, para lo cual se requiere una “reacción ejemplar y contundente de la autoridad”. Esto, entre ooootras cosas.
Pues bien, mientras el comité y familias con desaparecidos, como el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundej), señalan de manera precisa el desorden, las carencias y las fallas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el gobernador Enrique Alfaro tiene otra visión; algo así como “aquí no pasa nada, digan lo que digan”.
Ayer el propio rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva, respaldó al comité y declaró: “Yo creo que no se puede tapar el sol con un dedo. Están rebasadas las autoridades, en específico el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses”. Entre tanto, Fundej montó durante horas un plantón frente al susodicho instituto para exigir la presencia de peritos de la Fiscalía General de la República que apoyen el trabajo para identificar los cuerpos, lo cual les prometieron se hará. Estaremos atentos.
Luego de una serie de pláticas con diputados, los representantes del Poder Judicial esperan a ver qué ponen en la ley orgánica secundaria a la reforma para iniciar la controversia constitucional. Pero algunos magistrados ya están sacando las garras para defender sus derechos y preparan amparos. Ayer varios de ellos solicitaron copias certificadas de controversias constitucionales en cuanto al haber de retiro y a los exámenes de control de confianza, cuando terminó el pleno del Supremo Tribunal de Justicia.
La magistrada Arcelia García Casares realizó la petición personal, pero también aprovecharon y se sumaron los magistrados Marcelo Romero G. de Quevedo, Celso Rodríguez González y María Eugenia Villalobos Ruvalcaba. Manuel Higinio Ramiro Ramos pidió copias de una sesión del pleno y el presidente Ricardo Suro Esteves acabó encargando copias para todos. Lo dicho: se ponen los guantes.
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JJ/I