Quinto Patio

Seguramente se acuerdan de que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez salió a defender la venta de la Villa Panamericana, asegurando que no había ya suspensiones pendientes. El mandatario se refería a una resolución que había dictado la Quinta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, con la cual se dictaba la caducidad de dos juicios de nulidad que impedían la venta de departamentos.

Pues ahora un juzgado federal determinó que el gobernador, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Congreso del Estado y el edil de Zapopan, Pablo Lemus, deben acatar la suspensión contra la Villa. De no ser así, se procederá penalmente en su contra. Todo esto porque el juzgado federal había otorgado una suspensión definitiva en un juicio de amparo que impedía dictar resoluciones que pusieran fina en esos dos juicios. Es decir, seguimos con el enredo jurídico de la Villa Panamericana, que definitivamente no puede usarse para vivienda. O sea, digámoslo, alguien mintió con sus fulminantes descalificaciones.

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Los abogados de los tres ex secretarios de la Sedis tienen cuatro días para meditar su siguiente jugada ante las acusaciones que ya formuló la fiscalía anticorrupción. Mientras tanto, Miguel Castro (@micasrey), Daviel Trujillo y Salvador Rizo tendrán restringidos sus movimientos y sus actividades cotidianas. Incluso si el juez decidiera vincularlos a proceso penal el lunes, muy probablemente conservarán la libertad en tanto se desarrollan las etapas intermedia y final del juicio, porque el delito del que se les acusa no es grave ni fue cometido de manera violenta. Castro asegura que está tranquilo y que todo se aclarará. El gobernador Enrique Alfaro asegura que no es ninguna venganza. La historia tiene más capítulos.

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En las bancadas de Movimiento Ciudadano y del PAN están contentos con la tragedia de Morena, porque les salió bien y resultaron beneficiados. Las únicas que andan en pena por no ponerse truchas en la politiquería y que deben sacar más filo al momento de tallar el lápiz son las morenistas Erika Pérez y María Esther López, porque les voltearon la votación, y la que llegó a la presidencia de la Mesa Directiva fue Patricia Meza, con su bajo perfil y gris desempeño, pero con votos suficientes.

A Pérez no le quedó otra que decir que confía en ella y podría dar la sorpresa, porque tiene un trabajo en los sindicatos, pero ya para qué, si nunca se ha respaldado en ella ni confiado nada. En pocas palabras, la chamaquearon, la traicionaron y el enemigo no sólo lo tiene afuera o en frente, sino en casa. Ella sólo atina a contestar que tiene las manos y la conciencia tranquilas, que las cosas las está haciendo bien y que le esculquen, que no tiene nada que esconder, y desde aquí decimos que sólo a ella, porque si buscan en casa con su marido, podría ser otra cosa. Mientras tanto, dicen que Bruno Blancas se pasea ufano porque seguramente le cumplirán lo que le prometieron; ¿plazas? Seguramente, pues no hay más.

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El caso de los vecinos de Cañadas es contra el Ayuntamiento de Zapopan por el incumplimiento de una suspensión de la justicia federal que está llevando a sus últimas consecuencias un asunto que desafortunadamente está normalizado en el modo de construir esta ciudad. Es el enorme poder de las empresas inmobiliarias y su capacidad de financiar la política, lo que está en cuestionamiento tras 10 meses de no aplicarse una suspensión que debía entrar en vigor, ¡al día siguiente!

A ver si el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, se faja con sus funcionarios y les recuerda que fueron electos por una mayoría de zapopanos que no tienen que ver con los negocios inmobiliarios y son los que les pueden quitar el poder. ¿Ok?

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JJ/I