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Demandado
Después del debate
El gobierno del estado prácticamente concesionó las carreteras estatales. En dos contratos firmados el año pasado, entregó la responsabilidad por todo el sexenio a la iniciativa privada (IP), que cobrará más de 3 mil 419 millones de pesos por el mantenimiento. Las obras fueron asignadas al mismo consorcio de empresas, en las cuales aparecen dos de los empresarios que validaron la licitación del arrendamiento de maquinaria pesada del programa A Toda Máquina (ATM), ambos como representantes del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ).
Los contratos fueron firmados el 9 de julio del año pasado tras licitaciones lanzadas para la rehabilitación y conservación de tramos carreteros, así como para conservación rutinaria. Los pagos se harán mensualmente a lo largo del sexenio, por lo que las empresas reciben cada mes 65.6 millones de pesos.
Uno de los contratos, relacionado con tramos carreteros en la región de los Altos, se firmó con la empresa L & E Operadora de Vialidades en Los Altos, SAPI de CV, cuyo presidente del Consejo de Administración es Ernesto García de Quevedo Ochoa, según datos del Registro Público del Comercio.
En el acta del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo, celebrada el 5 de febrero del año pasado, encabezada por Luis Arturo López Sahagún, se incluyó entre los puntos del orden del día la asignación del contrato de arrendamiento de maquinaria pesada a la empresa Operadora de Servicios Mega, cuyo propietario es Guillermo Romo Romero, el empresario que fue captado en un partido de basquetbol de los Lakers de Los Ángeles con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y la diputada local Mirza Flores Gómez. Esa acta tiene la firma de Ernesto García de Quevedo Ochoa como vocal suplente del CCIJ.
Por su parte, Armando González Farah, también vocal suplente del CCIJ y quien terminó validando el fallo de la licitación a favor de Operadora de Servicios Mega, es el secretario del Consejo de Administración de Operadora de Vialidades en Los Altos.
El contrato con esta empresa es por un monto de mil 793 millones 289 mil 918.13 pesos, de los cuales se le entregaron 40.8 millones de pesos en el mes de octubre del año pasado, mientras el resto se cubrirán en mensualidades que comenzaron el 10 de julio de 2019 y concluyen el 2 de junio de 2024.
Las mensualidades son por 27 millones 291 mil 208.82 pesos por concepto de reconstrucción, rehabilitación y conservación periódica de caminos y carreteras, y 9 millones 757 mil 940.21 pesos por conservación rutinaria.
El segundo contrato se firmó con la empresa Elar Constructora y Reparadora de Caminos y Vialidades, SAPI de CV, por un monto de mil 625 millones 999 mil 222.81 pesos.
En este caso, se entregó un adelanto en octubre de 33 millones 312 mil 873 pesos y se cubrirán mensualidades de 22 millones 166 mil 389.07 pesos de reconstrucción, rehabilitación y conservación periódica de carreteras y caminos, así como 8 millones 462 mil 194.58 pesos por conservación rutinaria.
Los recursos para pagar estos montos saldrán de la partida 6151, denominada construcción de carreteras, puentes y similares de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).
En esta empresa, Ernesto García de Quevedo Ochoa aparece como secretario del Consejo de Administración, mientras Armando González Farah es consejero suplente.
Ernesto García aparece también como representante del CCIJ en el Comité de Adquisiciones del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).
Los dos consorcios contratados por la SIOP fueron constituidos el 9 de julio del año pasado, después de ganar las licitaciones convocadas por esa dependencia.
Según los datos del Registro Público del Comercio, ambos están conformados por las mismas empresas, que son las que aparecen en el fallo de la licitación: Roth’s Ingeniería y Representaciones, SA de CV, en asociación con Constructora Erlort y Asociados, SA de CV; Balken, SA de CV y Desarrolladores Verde Valle Vallarta, SA de CV.
En el caso de L & E Operadora de Vialidades en Los Altos, además de Ernesto García y Armando González, aparece como secretario Manuel Leonardo Rodríguez Torres y como tesorero Juan Carlos Uranga García, ex secretario de Obras Públicas de Guadalajara, cuando el presidente municipal era el priista Jorge Aristóteles Sandoval.
Esta empresa fue constituida ante el notario 45 de Guadalajara, Fernando López Vergara Corcuera, ante quien también se creó el consorcio Elar Constructora y Reparadora de Caminos y Vialidades.
En ambos contratos, se establece como obligación de las empresas “asegurar que el tramo carretero estatal esté en todo momento transitable, esto es, abierto a la circulación vehicular y libre de interrupciones”, salvo en casos de emergencia o fuerza mayor.
Para los trabajos se establecieron cuatro etapas. Una preparatoria de 7 días, del 10 al 17 de julio del año pasado; la de reconstrucción, de 279 días, del 17 de julio de 2019 al 20 de abril de 2020; la de conservación, a partir que termine la anterior y hasta que comience la etapa de devolución, y la de devolución, desde que concluye la anterior hasta el fin del contrato.
Ernesto García de Quevedo Ochoa y Armando González Farah tuvieron participación en el comité de compras del gobierno del estado a principios de 2019. En ese entonces ambos representaron al Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y conocieron el proceso de licitación del programa A Toda Máquina, el cual consiste en el arrendamiento de maquinaria pesada para 121 municipios y por el cual se pagarán más de 3 mil 634 millones de pesos. González Farah, en conjunto con otros representantes empresariales, terminó avalándolo a favor de Operadora de Servicios Mega.
(REPRESENTANTE. El coordinador asegura que Armando González Farah ya no trabaja en el CCIJ. Foto: Archivo)
El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Rubén Masayi González Uyeda, aseguró que la organización que preside y él respaldan el programa A Toda Máquina (ATM), ya que no encontraron elementos que indiquen corrupción en el proceso de licitación o algún tipo de conflicto de interés.
"Por nuestro lado nosotros no vemos donde hay algún conflicto o alguien haya obtenido algo de esto, no lo veo. A razón del tema de este boleto al básquetbol que se me hace tan pequeño el tema, tan chiquito, que no se compara. Yo creo que nadie entrega una licitación tan grande por un boleto de básquetbol", comentó.
En febrero de 2019, el Comité de Adquisiciones del gobierno estatal avaló la licitación de ATM a favor de Operadora de Servicios Mega.
En el comité que aprobó la licitación había diversos integrantes de cúpulas empresariales, entre ellos Armando González Farah, representante del CCIJ en ese entonces y quien en julio de 2019 recibió un contrato millonario, en conjunto con otras empresas, para renovación de tramos carreteros.
Al respecto, González Uyeda indicó que González Farah ya no forma parte del CCIJ: “El año pasado, como a mediados, se retiró de aquí. Hice una reestructuración y movimos a varias personas. Lo que haga en lo particular él, ya será que se lo pregunten directamente. El Consejo de Cámaras no tiene conocimiento de eso, pero tampoco tenemos conocimiento de cómo adjudican la obra pública (en el gobierno del estado)”, dijo.
Detalló que el aval a ATM se dio cuando él no era coordinador del CCIJ. Abundó en que fue después de leer la prensa que decidió investigar el tema, pero no encontró nada irregular de acuerdo con su criterio.
El coordinador dijo desconocer denuncias o procesos de investigación que las autoridades realicen en torno a posibles conflictos de interés en ATM; además, calificó al proyecto de maquinaria “de primer nivel y de primera calidad a nivel mundial”. El único “punto rojo” que le ve es que el arrendamiento es a seis años: “(La renta) máximo da cuatro años y está sujeta a que cada año se ajuste el pago de acuerdo al presupuesto. Qué riesgoso para la empresa”. Lauro Rodríguez
FRASE:
"Por nuestro lado nosotros no vemos donde hay algún conflicto o alguien haya obtenido algo de esto, no lo veo”: Rubén Masayi González Uyeda, Coordinador del CCIJ
Conservación periódica de caminos tipo C (7m), carretera estatal 213, 302, 310, 323, 339 y 348, tramo Arandas-San Diego de Alejandría-Lagos de Moreno-E.C. FED 70, carretera estatal 201, 205, 229, 230 y 233, tramo Ixtlahuacán del Río-Cuquío-Yahualica-Teocaltiche-E. C. FED 45, camino tipo A2 (12m) y tipo C (7m) carreteras estatales 214, 218, 219, 221, 231, 232, 307 y 327, tramo Atotonilco el Alto- E. C. Arandas- E. C. San Miguel el Alto- Encarnación de Díaz- El Desperdicio- E. C. FED. 70, libramiento norte Atotonilco El Alto 356 y reconstrucción de camino tipo A2 (12m) y de camino tipo C (7m) de la carretera estatal 344, Libramiento Sur Lagos de Moreno
Camino tipo A4 (30m) carretera estatal 601 y 622, tramo Santa Cruz de las Flores-San Isidro Mazatepec-Tala-E. C. Federal 70 carretera estatal 107 tramo carretera a Chapala al ingreso a El Salto-Juanacatlán, reconstrucción de camino tipo C (7m) carretera estatal 701 y 702, tramo E. C. FED 23 (crucero Botijilla)-San Martín de Bolaños y camino tipo C (7m), A2 (12m) y A4 (30m) carretera estatal 119, 112 y 155, tramo E. C. FED 15 Jocotepec-Chapala y Libramiento de Chapala-E.C. Estatal 148, Jalisco
jl/i