Poder Judicial-fiscalías, ¿incapaces o coludidas?

El asesinato de 24 jóvenes en un centro de rehabilitación, en Irapuato, exhibe la incapacidad del Poder Judicial, de la Fiscalía de Guanajuato, para hacerse cargo de los problemas derivados de la inseguridad, homicidios o masacres contra personas o grupos y que ponen en riesgo a una población que ni la debe ni la teme. A estas alturas no hay un solo detenido. 

Situaciones como ésta se presentan constantemente en diversas localidades de Guanajuato, pero también en otras entidades y en la Ciudad de México, en donde ataques efectivos o anunciados contra funcionarios del gobierno llevan a pensar que el poder de los criminales es mucho más eficaz que el de policías y jueces. 

Con esos resultados sólo podemos constatar que en México tenemos un Poder Judicial ineficiente, pero también impenetrable, puesto que nadie es capaz de poner correctivos eficaces ante la incapacidad de sus funcionarios ni atajar la corrupción que se advierte, al tiempo que se haga un esfuerzo serio por limpiar al Poder Judicial y preparar a nuevos funcionarios que rescaten y consoliden su institucionalidad. 

No podemos concebir que fiscales con tantos años en el cargo, como Carlos Zamarripa, sean incapaces de demostrar con su desempeño que los 20 de trayectoria y de experiencia han servido para algo; más bien constatamos que ellos y sus colaboradores son incompetentes para propiciar que se aplique la ley e impartir justicia de manera pronta y expedita. Tanta incapacidad e ineficiencia sólo podríamos explicarla de dos formas: o estos funcionarios están coludidos con los delincuentes o encubren a otras autoridades corrompidas y, en todo caso, la única salida es exigirles la renuncia. 

Hoy en el Poder Judicial requerimos funcionarios técnicamente bien capacitados, que desempeñen en forma eficaz sus funciones y permitan constatar a la sociedad que son incorruptibles, efectivos y realmente encarnan los valores morales que su profesión exige. No basta que nos reiteren altos objetivos o buenas intenciones para hundir al crimen y la delincuencia organizada, también necesitamos que los resultados lo corroboren. Los ciudadanos no podemos vivir con miedo, inseguros y expuestos a que, en la calle, en un centro comercial o en una finca, de pronto lleguen delincuentes con armas de alto poder y acaben con la vida de jóvenes, niños o adultos mayores y no haya indicios de que la situación vaya a mejorar. 

Se ha mencionado hasta el cansancio que seguir la ruta del dinero es la única manera de atajar a los criminales, y Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha sido de los pocos funcionarios que ha demostrado que cerrar la llave del dinero es la primera condición para enfrentar a la delincuencia organizada. Por ello también está en la lista de los funcionarios que podrían sufrir atentados. Pero de nada sirve el valor de dos o tres funcionarios si otros burócratas, jueces y fiscales se mantienen coaligados con los criminales, dejan que los casos y sentencias se caigan, o liberan a quienes manejan los recursos que posibilitan a los grupos criminales seguir sus operaciones y mantenerse con total impunidad. 

Con Guanajuato urge una intervención del Estado mexicano; con todo y autonomía de los niveles de gobierno, y de los poderes, no puede permitirse que el crimen organizado rebase al gobierno federal y a los estados. Eso debería estar aparejado de una fumigación a fondo, de una limpia institucional para acabar con el nido de criminales que se ha gestado en torno al Poder Judicial, fiscalía y mafias que le acompañan, y se trabaje en la reconstrucción de una nueva institucionalidad que propicie realmente la impartición de la justicia en beneficio de la sociedad mexicana. 

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