Quinto Patio

En Jalisco, las notarías y la autoridad que se encarga de resguardar el trabajo de los notarios, por si se presenta algún problema, quedaron en la misma familia. Aunque de parentesco político, el nuevo director del Archivo de Instrumentos Públicos tiene dos tíos muy influyentes: el presidente del Colegio de Notarios y el secretario de Gobierno, que fue quien lo nombró. 

En el gobierno del estado aseguran que no es ilegal y que no hay conflicto de interés, pero nada más basta pensar que el sobrino será el vigilante y custodio de lo que haga el tío. Así, tal cual. 

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El título del boletín de prensa del 29 de enero de 2020 del Congreso del Estado es pomposo: “Congreso de Jalisco aprobará leyes vanguardistas en materia de desaparición de personas”, y esto a propósito de las mesas de trabajo instaladas para el tema. Pues bien, las susodichas “leyes vanguardistas” saldrán hechizas de aprobarse sin, subrayado lo de sin, la participación de las familias con desaparecidos. 

Pese a que colectivos de familias y varios organismos entregaron al Congreso del Estado el viernes pasado un oficio con peticiones, dudas, observaciones y preguntas sobre la ruta del Poder Legislativo para analizar tres iniciativas del Ejecutivo de ley sobre desaparecidos, declaración de ausencia y víctimas, ignoran qué está sucediendo. El Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas, de la UdeG, lo señaló así: “La gravedad del problema de la desaparición de personas debería impulsar un proceso legislativo más cuidadoso, abierto y participativo. Eso no ha sucedido hasta el momento”. O sea… 

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¿Qué faltará para que la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) dé datos abiertos sobre los casos de Covid-19? Pero datos abiertos completos, desde capacidad hospitalaria por unidad médica hasta perfil de pacientes, eso sí, of course, cuidando los datos personales. Ahora es Proyecto Li el que evidencia esto. Para los estadistas es muy confuso y complejo obtener proyecciones y análisis con los pocos datos que hay en el estado, ¿se imaginan para la población? Y más que la información cada autoridad la maneja como le viene en gana. No hay homogeneidad. Cada quien jala para su lado con sus cifras, metodologías, opacidades y demás. 

El epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso aseguró hace unas semanas que la desinformación se combate con información completa. Ahí está la utilidad de los datos abiertos. El estadista Víctor González imploró que se trate de un tema de falta de voluntad y no que la SSJ no tenga la información. ¿Se imaginan qué pasaría si las autoridades sanitarias no tienen la información completa sobre el monitoreo de Covid-19? El gobernador ha hablado: no hay nada que esconder. Es momento de demostrarlo. Porque, mientras tanto, a la gente la tienen en ascuas sin saber a quién hacerle caso. 

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Personas que viven cerca e incluso enfrente del Centro de Aplicación de Pruebas Covid-19, ubicado en las inmediaciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la UdeG, temen salir infectadas por el nuevo coronavirus, y es que, denuncian, los usuarios que acuden a realizarse la prueba no están acatando las medidas que se les exigen. A una acción sanitaria positiva, los usuarios del servicio la empañan. 

Porque, miren, sobran los que se bajan de sus autos, incluso sin cubrebocas, mientras esperan ser atendidos. No son pocos los que se sientan en banquetas, afuera de las casas o en barandales, a esperar, y no falta quien hasta escupe afuera de las fincas de estos vecinos de la colonia Independencia. Piden que autoridades desinfecten, pero, sobre todo, que exijan y hagan cumplir entre los posibles contagiados por Covid las reglas para esperar su prueba. Mínimo. 

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