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Enojados en MC
Mejor restar
Luis Octavio Cotero Bernal, ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), compareció ayer ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC) luego de que ésta le notificara una imputación en su contra por el delito de abuso de autoridad.
La acusación se relaciona con las investigaciones para establecer la responsabilidad de funcionarios públicos por la crisis provocada por el traslado de cadáveres sin identificar en cámaras frigoríficas de tráileres, los cuales estuvieron desplazándose por distintos puntos de la ciudad en septiembre de 2018.
Cotero Bernal fue notificado por el ministerio público de que se le está acusando de incurrir en el delito previsto en el artículo 146, fracción cuarta, del Código Penal del Estado.
Se determinó que de manera digital le será entregada una copia de la carpeta de investigación en su contra para que pueda revisarla junto con sus siete abogados. El ex funcionario consideró que le llevará unos dos o tres días revisar por completo la carpeta, pues es muy voluminosa.
El ex director del IJCF se presentó ante la FECC la mañana de ayer luego de haber sido citado por el ministerio público y notificado.
“Voy a seguir ofreciendo las pruebas. Yo no sé por qué no han citado a (Eduardo) Almaguer y a Raúl Sánchez, y demás, porque Marisela Gómez Cobos sí compareció ya. Entonces vamos a ver también (si) Aristóteles (Sandoval) y el Chino (Roberto López Lara) nos hacen favor de venir”, exigió.
El ex funcionario abundó que el IJCF tiene solamente “un objetivo: dictaminar, hacer peritajes. No cargar muertos ni pasear muertos, ni guardar muertos, ni llevar muertos para ningún lado. Todo eso es responsabilidad estricta de la Fiscalía del Estado. Tengo un convenio, (del) que no alcancé a sacar copias, donde lo suscribimos Almaguer y yo, y estoy deslindado de toda responsabilidad”, aseguró.
En septiembre de 2018 se dio a conocer que los dos tráileres cargados con cuerpos habían estado itinerantes en distintos puntos de la ciudad, lo que le costó su puesto a Cotero Bernal y al entonces fiscal general, Raúl Sánchez Jiménez.
Cotero Bernal consideró que es perseguido por haber realizado acusaciones y señalamientos de irregularidades luego de que su hija desapareció meses antes de la crisis de cadáveres.
Admitió que el 8 de octubre la Contraloría del Estado le notificó que cometió una falta grave por no haber supervisado cómo el director del Servicio Médico Forense acomodaba los cuerpos.
EH/I