Justicia administrativa flexible

“Estos magistrados no tienen autoridad moral para decir nada. Ellos hicieron mucho daño a la ciudad y le hicieron mucho daño al Poder Judicial y a la impartición de justicia de Jalisco, ojalá que paguen por los actos que cometieron”. La declaración es del gobernador Enrique Alfaro Ramírez cuando se había enfrascado en una guerra con los magistrados administrativos en 2019. 

El conflicto había surgido desde que llegó a la alcaldía de Guadalajara el ahora gobernador, quien denunció actos de corrupción para la autorización de edificios. Así, en 2015 presentó los primeros tres juicios de lesividad para tratar de revertir autorizaciones de edificios en la capital del estado, las cuales violaban los planes parciales, pero fueron posibles gracias a resoluciones del anterior Tribunal de lo Administrativo en el Estado, ante acciones de afirmativa ficta. 

El mecanismo consistía en que los empresarios hacían el trámite ante el Ayuntamiento de Guadalajara, el cual no respondía, por lo que el tribunal de manera expedita dictaba una resolución favorable y autorizaba la edificación. 

Pero esa guerra no duró mucho. La última batalla se dio cuando Enrique Alfaro, ya siendo gobernador, pidió el apoyo del gobierno federal para combatir la corrupción en el Poder Judicial. Como respuesta, logró que en agosto de 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera abriera una investigación y congelara las cuentas de los magistrados del que ya era Tribunal de Justicia Administrativa, Armando García Estrada y Alberto Barba Gómez, así como del ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Celso Rodríguez González. 

Las investigaciones no llegaron lejos y sólo significaron una medida de presión para los magistrados. Celso Rodríguez terminó retirándose, mientras que García Estrada y Barba Gómez bajaron considerablemente su perfil. 

Lo que no cambió es la utilidad del Tribunal de Justicia Administrativa, el cual sigue jugando el mismo papel que tanto molestó a Enrique Alfaro cuando apenas abandonaba la oposición. 

Esto lo vimos cuando resolvió el caso de A Toda Máquina, apoyándose en cuestiones de forma para desechar la investigación que llevó a cabo la Contraloría del Estado, en la cual se determinó que dos funcionarios de la Secretaría de Administración incurrieron en faltas graves para beneficiar a la empresa que ganó la licitación, Operadora de Servicios Mega, que a la postre se quedó con un contrato de 3 mil 634 millones de pesos. 

Y el tribunal lo volvió a hacer al resolver el caso de la Villa Panamericana. Aunque el Ayuntamiento de Zapopan argumentó que los permisos del desarrollo no estaban vigentes, el Tribunal de Justicia Administrativa, en una resolución del magistrado de la Segunda Sala, Laurentino López Villalobos decidió que el municipio estaba obligado a dar la autorización para el uso de las villas como vivienda. 

Para que el desarrollo pudiera ser utilizado como vivienda, según los instrumentos de planeación del municipio, los empresarios debían incorporar un predio más, para así cumplir con la densidad habitacional permitida. Según la ficha informativa que dio a conocer el Ayuntamiento de Zapopan, el tribunal ordena al municipio dar por cubierto este punto, al autorizar una fusión con otra empresa, denominada Consorcio Inmobiliario Arenal del Bosque. 

Los detalles de esa fusión no se han dado a conocer, pero según los datos del Registro Público del Comercio, los socios de este nuevo consorcio son los mismos que compraron la Villa Panamericana a través de Green Life Capital y también los mismos de la empresa que vendió, Inmobiliaria Cornejo. 

Aquí también el tribunal resolvió contra un municipio, pero en este caso el gobernador Enrique Alfaro prefirió guardar silencio. 

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JB