Jalisco, CNDH y represión de protestas

La utilización de policías para reprimir protestas sociales es una práctica que continúa en Jalisco. Acostumbrados a obedecer órdenes, las ejecutan aun cuando sean ilegales. Los altos mandos políticos y/o de seguridad dan la instrucción y se acata sin más. Los funcionarios que ordenan y/o solapan la represión suelen quedar libres de cualquier sanción. No se les toca. En cambio, se sanciona solo a unos cuantos policías o mandos medios. Son los paganos, sin que eso los exima de su responsabilidad. La red de complicidades al interior de las instituciones de seguridad los considera desechables. A su vez, los responsables políticos niegan estar enterados y se dicen sorprendidos. 

Administraciones estatales van y vienen, cambian los gobernantes, se relevan los partidos políticos con sus nuevas promesas. Lo que no cambia es, en lo general, la actuación de autoridades de seguridad pública. Algunos casos de represión social se visibilizan, otros no. Del uso de policías para ejercer al autoritarismo ante las protestas, dos casos de Jalisco documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) son: uno, el violento desalojo el 1 de junio de 1992 de un grupo de damnificados de las explosiones del 22 de abril de ese año, a quienes frente a palacio de gobierno, más de 40 elementos de la Dirección General de Seguridad Pública, despojados de insignias que los identificaran, los golpearon, les destruyeron tiendas de campaña y les robaron pertenencias. 

Me tocó como reportero denunciarla en el diario Siglo 21. De ese caso da cuenta la tardía recomendación 57/1994 de la CNDH. Las autoridades estatales, en ese entonces surgidas del PRI, se burlaron de la propia CNDH, a la que ni respondieron los primeros oficios que les envió, y sólo dieron de baja a unos cuantos policías que ni la cárcel pisaron. Todo fue una completa burla, un montaje. Las víctimas fueron 40 miembros del Movimiento Civil de Damnificados 22 de Abril y personas que se solidarizaron, quienes decidieron organizar un plantón en Plaza de Armas para demandar vivienda provisional. A escasas semanas de las explosiones, la respuesta fue la violencia institucional. 

Otro ejemplo de uso de policías ocurrió 29 años después. Son diferentes el escenario, las circunstancias y la administración estatal, ahora surgida de Movimiento Ciudadano. Pero el hecho es similar: decenas de ciudadanos que protestaban por el asesinato del joven Giovanni López, a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, fueron retenidos ilegalmente por policías de la Secretaría de Seguridad o de la Fiscalía del Estado. 

Cerca de la propia Fiscalía fueron detenidos, golpeados, subidos a vehículos y llevados a celdas de la dependencia o desaparecidos durante horas el 5 de junio de 2020, reveló la CNDH en la recomendación 82/2021. Ahí señala que se trató de un caso en el que se cometieron violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y legalidad, libertad personal, integridad y seguridad personal, a la reunión, asociación y libertad de expresión de personas los días 4, 5 y 6 de junio de 2020. 

Las víctimas identificadas solo un día ascendieron a 80. Esposadas, entre golpes, insultos y amenazas de muerte, las víctimas padecieron la represión gubernamental por protestar o intentar protestar el 5 de junio. Los mandos policiacos detenidos fueron considerados chivos expiatorios por sus familias. La Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción y la propia CNDH no tipificaron lo sucedido como desaparición forzada. A estas fechas, el gobernador Enrique Alfaro no revela qué se ha investigado acerca de la infiltración de la delincuencia en la Fiscalía del Estado, como él mismo denunció. 

Los gobernantes no aprenden de la historia. 

Twitter: @SergioRenedDios

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