Quinto Patio

Con el apoyo de Morena y PAN, Movimiento Ciudadano logró sacar la reforma enviada por el gobernador Enrique Alfaro sobre la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios, y hasta sumó al PRI, porque aceptaron algunas de sus propuestas.

La complicidad en el tema resultó notoria porque la discusión sólo quedó en una mesa de trabajo y las propuestas del partido Hagamos, que eran puntuales y de fondo, fueron ignoradas sin discusión, y para tapar un ojo al macho, Morena propuso en un sólo enunciado que los proyectos debían tener transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad, sin especificar el cómo o precisar el debería ser.

O sea, se relajaron las reglas para permitir mayor discrecionalidad del gobernador y opacidad en los proyectos porque eso fue lo que menos les interesó acotar a los diputados locales.

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La presencia de la hija de la ministerio público Nancy Gómez Figueroa en el vehículo que se trasladaba cuando fue detenida complicó su puesta a disposición. Para algunos en la fiscalía anticorrupción, Gómez Figueroa se mueve “de cierta manera” en los medios de comunicación y en las redes. Probablemente se referían a que evidenció el excesivo uso de fuerzas policiales para detenerla cuando se desplazaba en compañía de la niña. Tenían la opción de llevarla a Puente Grande, así, con todo y su hija, para quedar a disposición del juez, pero como los quemó, le dieron “chance” de que llamara a alguien de su familia para que se hiciera cargo de la niña. Según eso, para no violentar los derechos de la menor de edad.

La Fiscalía argumentó que pidieron la orden de aprehensión porque no se presentó a las audiencias que ella misma había solicitado. Peeeerooo es evidente que buscan cualquier pretexto para hostigar a quien desde 2019 se atrevió, léase bien, se atrevió a denunciar el gravísimo actuar de su jefe inmediato y es hora de que la continúan presionando, ahora, hasta llevándola por la fuerza ante un juez. Muuuy eficiente en eso la fiscalía; contra los corruptos, no. Contra ella se ha ejercido una auténtica cacería de Estado. Jalisco está al revés: el o la que denuncie puede convertirse en víctima de las propias instituciones que denuncie. Nadie está a salvo.

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Y a propósito del uso excesivo de la fuerza policial, los diputados y diputadas de Morena propusieron un acuerdo legislativo en el que se exhorta al Ejecutivo de Jalisco y al titular de la Secretaría de Seguridad del Estado a “procurar la salvaguarda de los derechos humanos y la integridad física de los pepenadores, quienes en su derecho a la libre manifestación buscan una atención inmediata a sus demandas por el cierre de los vertederos de Matatlán y Los Laureles”.

En su propuesta de acuerdo señalan que el 9 de mayo, afuera de palacio de gobierno, se incurrió en un uso excesivo de la fuerza pública contra los manifestantes. Recuerdan lo que sucedió en junio de 2020, donde fueron agredidos y privados de la libertad arbitraria e ilegalmente quienes protestaban por el asesinato de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos. El uso excesivo de la fuerza contra manifestantes “se ha vuelto una constante” de la actual administración estatal. ¿Los diputados aprobaron el exhorto? Ya saben la respuesta. Y si no, adivínenla; es fácil.

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Trabajamos “para ganarnos el futuro” al lado de la iniciativa privada, “no enfrente”, según afirma el gobernador Enrique Alfaro, al referirse a Jalisco y Nuevo León, entidades con mandatarios naranjas. Que mientras otros piensan en grillar y confrontar para ganar elecciones, nosotros sí chambeamos, dice. Eyyyyy.

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jl/I