Exige CIDH proteger a comuneros

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en marzo una serie de medidas cautelares para proteger a J. Santos Rosales Contreras y 12 personas comuneras más de Ayotitlán, poblado de Cuautitlán de García Barragán.

La CIDH especificó que las medidas se otorgaron tras considerar que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable”.

La exigencia llega tras la desaparición y asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz, líder nahua de Ayotitlán, encontrado sin vida el 25 de noviembre de 2023. La CIDH consideró que las 13 personas incluidas se encuentran en riesgo debido a su labor de defensa del territorio ancestral indígena frente a actividades ilegales de explotación minera y actos de intimidación, amenazas de muerte, violencia y desapariciones por parte del crimen organizado, entre otros actores.

Las personas comuneras acudieron a la CIDH con el alegato de que el Mecanismo de Protección federal sólo integró a siete personas y, además, no habría dado cumplimiento a los acuerdos. También están pendientes los resultados de la reevaluación del mecanismo de protección.

Además, la Fiscalía General de la República (FGR) no habría respondido a las múltiples solicitudes de investigación de los delitos ocurridos y las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) habrían sido cerradas.

Al evaluar la situación y las amenazas que constantemente atentan contra la integridad y vida de las personas comuneras de Ayotitlán, la CIDH decidió emitir las medidas cautelares.

Por ello la autoridad internacional tuvo comunicación con el gobierno de Jalisco, el cual se habría comprometido a atender las reuniones de trabajo necesarias que permitan alcanzar acuerdos satisfactorios para la comunidad indígena de Ayotitlán y establecer un plan de trabajo coordinado entre autoridades federales y estatales que permita atender la problemática, sobre todo ante los señalamientos de la presencia de crimen organizado.

Entre las acciones a fortalecer según los compromisos del estado están la implementación de rondines bitacorados, otorgamiento de números de contacto de emergencia, arrendamiento de equipos de telefonía satelital, botones de asistencia, entre otros.

Aun así, la CIDH consideró que la implementación de las medidas de protección no ha permitido evitar la continuidad de los eventos de riesgo, pues las personas beneficiarias siguen siendo objeto de amenazas de muerte, amenazas de ser desaparecidos, vigilancia en sus domicilios, llamadas extorsivas, entre otros.

“En consecuencia, la Comisión solicita a México que: a) adopte las medidas necesarias, y culturalmente adecuadas, para garantizar la vida e integridad personal de las personas beneficiarias debidamente identificadas; b) concierte las medidas a implementarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y c) informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición”.

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