Avalan fideicomiso para manejar bienes de presa El Zapotillo

El Congreso de Jalisco avaló la iniciativa presentada por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez para desincorporar del dominio público inmuebles relacionados con la Presa El Zapotillo ubicados en Cañadas de Obregón y crear un fideicomiso con ellos.

La propuesta es posterior a que se haya alcanzado un acuerdo con los pobladores de Acasico, Palmarejo y Temacapulín que por años se opusieron a la presa debido a que iba a inundarlos. El pacto se logró con la Federación en 2021 y destrabó la construcción del embalse, el cual será inaugurado formalmente este sábado.

El dictamen contempla la donación a título gratuito de 72 inmuebles ubicados en las comunidades de Temacapulín y Palmarejo, de los cuales 16 son propiedad del gobierno del estado y 56 de la Comisión Estatal del Agua (CEA). Asimismo, autoriza la desincorporación del dominio público y la donación a título gratuito del inmueble Talicoyunque, conocido como el Nuevo Temaca, donde autoridades buscaban reubicar a los habitantes de los poblados que iban a ser inundados por el embalse.

De acuerdo con el oficio avalado, los representantes de las comunidades afectadas por la construcción de la presa están de acuerdo con la constitución del fideicomiso, pues se puede transmitir la propiedad de los inmuebles a las personas de Temacapulín y Palmarejo. Ello permitirá a los habitantes elegir –a través de figuras como la enajenación, administración, traslación de dominio, conservación y mejora– el destino de los bienes, lo que generaría un mayor beneficio a la zona.

El documento también indica que las contribuciones, honorarios y demás remuneraciones que se generen con motivo de la donación correrán a cargo del gobierno del estado. 

Tras el aval la diputada local por Hagamos, Mara Robles Villaseñor, confirmó que los habitantes están de acuerdo con la decisión, mientras que el diputado morenista José María Martínez Martínez indicó que el fideicomiso tiene como objetivo el beneficiar la vida y el desarrollo de los habitantes de Acasico, Temacapulín y Palmarejo.

“Producto de este objeto social es que establecimos en el dictamen, que fue aprobado por todas las fuerzas políticas, la cláusula de reversión en caso de que los fines que persigue este fideicomiso de los bienes no se cumplan, que es beneficiar el desarrollo integral de los habitantes de estas tres comunidades”, explicó Martínez.

De acuerdo con el artículo cuarto del dictamen final, si no se constituye el fideicomiso quedará sin efecto la desincorporación de los inmuebles referidos.

LA LUCHA INICIÓ EN EL 2005

El dictamen avalado se recuerdan las luchas de Acasico, Palmarejo y Temacapulín en contra de la construcción de El Zapotillo y su acueducto, la cual dio inicio en el año 2005 con la participación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (CEA). El proyecto respondió a la crisis más severa que ha sufrido el lago de Chapala entre los años 2001 y 2004. 

En la ejecución de la presa se modificó la altura de su cortina de 80 a 105 metros de altura, lo que implicaba la inminente inundación de las comunidades de Acasico, en Mexticacán, así como de Palmarejo y Temacapulín, en Cañadas de Obregón, y provocó que el gobierno del estado y la CEA realizaran acciones tendentes a ofrecer alternativas de reubicación a los habitantes que así lo consideraron conveniente.

Para tal efecto, el gobierno del estado adquirió 16 inmuebles en la zona de afectación y la CEA hizo lo propio con un total de 56, pero en 2021 se determinó modificar el proyecto hidráulico, reduciéndole la altura de la cortina de la presa, además de considerar obras hidráulicas complementarias como la construcción de seis ventanas vertedoras. Estas adecuaciones evitaron que las comunidades fueran inundadas por el funcionamiento de la presa.

Posteriormente, el gobierno federal llevó a cabo la instrumentación de un mecanismo de coordinación de acciones denominado “Plan de Justicia para los Pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo”, el cual fue creado con el objetivo de restablecer el tejido social y resarcir los daños ocasionados a sus pobladores en los aspectos ambientales, territoriales y sociales, generando la certeza jurídica de la no repetición y garantizando en todo momento sus derechos humanos.

El proyecto considera acciones de coordinación para el fortalecimiento en los sectores de educación, cultura, turismo, conservación, infraestructura carretera, servicio hidráulico y certeza jurídica en la propiedad de la tierra.

En la iniciativa planteada por el gobernador, se indica que esto forma parte de un complemento al "Plan de Justicia para los Pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, para que gracias al fideicomiso los habitantes puedan jercer de mejor manera su soberanía. 

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