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Se separaron
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El Poder Judicial de Jalisco (PJJ) fijó este miércoles una postura en contra de la reforma constitucional en la materia que se avaló en la Cámara de Diputados durante la madrugada de este miércoles. Según su posicionamiento, afectará la autonomía y no resolverá de fondo los problemas del sistema judicial.
El PJJ reaccionó luego de una petición formal del Poder Judicial de la Federación (PJF) para mostrar apoyo institucional en contra de la reforma judicial.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ), Daniel Espinosa Licón, explicó que en el PJJ no habrá un paro de labores en contra de la reforma, pero sí solidaridad con su homólogo federal.
Alertó a la par que la propuesta afectará a los trabajadores judiciales de las entidades federativas y no solamente a los que trabajan en el PJF.
“En esta otra iniciativa que se generó después de los foros y consultas nos dan a los estados 180 días para efectos de que se genere la reforma en las constituciones locales, pero también para que haya renovación total de los integrantes del Poder Judicial”, detalló.
Si la reforma se concreta, añadió, los jueces y magistrados actuales dejarían sus puestos para que sus plazas sean ocupadas por trabajadores elegidos mediante el voto popular. En el PJJ hay 206 jueces y 34 magistraturas del STJEJ, y si tiene que haber al menos tres candidaturas por plaza, habría más de 600 candidaturas en una lista nominal.
Espinosa Licón subrayó que los tiempos para que lo anterior ocurra aún son inciertos, pues dependen del proceso legislativo de la reforma constitucional, la cual aún tiene que pasar al Senado. Si éste hace observaciones, regresará de nuevo a la Cámara de Diputados y, posteriormente, los congresos locales deberán darle su aval.
“Están inciertas las fechas, pero en el siguiente año se precisará qué magistrados y jueces salen en el 2025, qué magistrados y jueces salen en el 2027, pero en esta fecha sería el límite para que haya una renovación total”, mencionó el magistrado.
Sobre los cambios en el Poder Judicial, aceptó que sí se requiere una reforma que resuelva los problemas de eficacia, pero para ello se necesita un mayor presupuesto para crear juzgados y una mayor cantidad de juzgadores para que se puedan resolver los asuntos en el tiempo que marca la ley.
El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) también emitió su postura contra la iniciativa constitucional para reformar al PJF y lanzó tres propuestas. La primera es que, si se concreta, lleguen los mejores a la institución.
La segunda es reformar a las fiscalías y ministerios públicos, ya que son parte del sistema de impartición de justicia, y la tercera es garantizar la seguridad y protección de los impartidores de justicia en el país para que puedan actuar sin miedo a ninguna represalia y sólo apegados a la legalidad, transparencia y responsabilidad.
“Exhortamos a los representantes en el Congreso federal y el Senado de la república a actuar con la altura de miras que esta gran reforma requiere, para que las prisas no erosionen lo importante”, precisaron.
También solicitaron cerrar todas las posibilidades de que el crimen, la injusticia, la imparcialidad, la desigualdad y la falta de credibilidad, se apropien de estas instancias. “Protegernos de no tener una reforma con efectos económicos negativos que pongan en riesgo las inversiones y la seguridad de los trabajadores y de los que creen en México e invierten en el país y por supuesto, asegurarnos de no partidizar la impartición de justicia”.
Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia participaron en la sesión extraordinaria convocada para expresar su mensaje sobre la reforma en el cual externaron su rechazo a la iniciativa que plantea la elección de jueces, magistrados y ministros por votos popular, al considerar que esta medida amenaza los principios fundamentales de justicia e independencia de los poderes en el país.
“Como servidores públicos reafirmamos nuestro compromiso con un sistema de justicia autónomo e imparcial, que revise y equilibre los actos de autoridad garantizando la legalidad y la protección de los derechos esenciales”, leyó la magistrada Arcelia García, quien realizó el escrito dirigido a la ciudadanía.
García agregó que la elección de jueces y magistrados por voto popular compromete totalmente la independencia necesaria para un justicia imparcial y equitativa, permitiendo que intereses externos influyan en las decisiones judiciales y afecten la confianza pública de la justicia, lo que pone en riesgo la formación profesional que deben tener la personas que desempeñen las actividades de un juzgador.
“Defendemos un sistema judicial autónomo que funcione con integridad y sirva a la ciudadanía con la imparcialidad que funcione con integridad y sirva a la ciudadanía con la imparcialidad que exige nuestra Constitución y los tratados internacionales, los cuales podrían verse afectados con los cambios que se den de dicha reforma”.
Los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco también votaron a favor de que el escrito se publique en el periódico de mayor circulación, y en las redes sociales del Poder Judicial.
EH-jl/I