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Un México violento
Porque nos la quitaron
Estudiantes de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) publicaron el proyecto Éxodos, en el que documentan el impacto de las rentas de corta estancia a través de la plataforma Airbnb en el fenómeno de gentrificación del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).
A través de web scraping, los alumnos pudieron descargar los datos sobre la ubicación de las unidades de renta de corta estancia en Airbnb dentro del AMG y documentaron la existencia de 11 mil 334 cuartos, habitaciones de hotel, departamentos y casas bajo este modelo de negocio.
Ante esa cifra de unidades para rentas de corta estancia en la ciudad, precisaron que se intensifica el fenómeno de gentrificación, el cual de por sí ya estaba presente en la ciudad.
“Es necesario entonces preguntarse cómo es que Airbnb ha modificado las dinámicas de las ciudades y los barrios en dónde se ha instalado. Inevitablemente, cuando se piensa en estas alteraciones, se piensa en gentrificación, término que ha estado presente desde hace muchos años y tiene como característica principal el desplazamiento de poblaciones con menores ingresos a medida que llegan personas con un nivel adquisitivo más alto y encarecen el suelo. No obstante, la variable de Airbnb problematiza el fenómeno”.
Y añadieron: “Guadalajara se ha convertido en uno de los destinos turísticos principales de México (para Airbnb). En lo que va del año (corte a octubre de 2024) ha tenido una afluencia de aproximadamente 13 millones 559 mil 744 millones de personas, sin contar a aquellos turistas que visitarán durante los últimos dos meses del año. Naturalmente, es una ciudad ideal para la instalación de este modelo de alojamiento”.
Las colonias de Guadalajara son las que tienen el mayor número de unidades Airbnb. Entre ellas destaca la Zona Centro, con 847; la Americana, con 665, y la Ladrón de Guevara, con 612. Después están otras como Obrera, Artesanos, Chapalita, Moderna y Arcos Vallarta.
En la relación de unidades Airbnb respecto al total de viviendas habitables, el fraccionamiento Cortijo San Agustín, en Tlajomulco, destaca, ya que 52.38 por ciento de sus casas son para ese modelo de negocio, no para vivir.
Le sigue Colinas de San Javier, con 34.45 por ciento, y la Obrera, con 29.52 por ciento, ambas en Guadalajara, y Élite y Puerta del Valle, en Zapopan, con 28 y 24 por ciento respectivamente.
El trabajo, disponible en exodos.com.mx, fue elaborado por Bruno Damián Rivera Árcega, Fernando Hernández Casarín, Valeria Álvarez Pérez, Nubia González Villaseñor, Alejandra Partida Vital y Grecia Fiona Zamarripa Aguirre, estudiantes de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación, y Raquel Johannsen Miquelajauregui, alumna de la Licenciatura en Gestión Pública.
El diputado emecista Omar Cervantes Rivera propuso regular plataformas de alquiler de corto plazo como Airbnb mediante licencias municipales.
En ese sentido, anunció que en los próximos días presentará una propuesta de reforma en materia de giros de funcionamiento ante los ayuntamientos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y otros municipios clave de la entidad.
Durante la mesa de análisis Perspectiva de las autoridades municipales, realizada en el Congreso del Estado, el legislador de Movimiento Ciudadano (MC) presentó un diagnóstico sobre el impacto de las plataformas digitales de alquiler de corto plazo en el AMG, municipios turísticos y diversas regiones del estado.
Dijo que si bien este fenómeno ha dinamizado el mercado inmobiliario, también ha generado retos en materia de ordenamiento urbano, convivencia vecinal y acceso a la vivienda para las familias jaliscienses.
Por ello el legislador destacó que buscará que los propietarios de inmuebles que deseen ofrecerlos en plataformas digitales estén obligados a obtener una licencia de giro municipal que permita regular su operación bajo criterios claros y “con responsabilidad social”.
La propuesta del emecista plantea que dichas unidades se sujeten a regulaciones de protección civil; que estén al corriente con el pago de sus obligaciones municipales; que informen a sus vecinos colindantes sobre su operación, y que sean registradas oficialmente para tener un dato real de viviendas en esta modalidad. Ilse Martínez
jl/I