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A partir del domingo 30 de marzo pasado comenzó la fase de proselitismo para los candidatos a ocupar una posición dentro del Poder Judicial que se votarán el próximo 1 de junio y, que se ha promovido como un poderoso avance en lo relacionado con un mayor sesgo de democratización en la vida política del país. De esta forma, la identificación que se hace respecto de la democracia es remitir el tema, exclusivamente, al desarrollo de procesos electorales sin ninguna profundización de lo referente a la propia estructura política que debería ponerse en el centro de la discusión social.
El INE señala que “a través de propaganda impresa en papel reciclable, fabricada con materiales biodegradables y distribuida de casa en casa, podrán hacer actos de campaña desde este domingo 30 de marzo las personas candidatas que participan en el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025”. Se trata de una estructura que parece diseñada para la promoción política de la década de los 60. Por otra parte, respecto a las condiciones de campaña, se define que “está prohibido el financiamiento público o privado de las campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidaturas”.
Por otra parte, se plantea que “los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna”. Sin embargo, de acuerdo con las disposiciones organizativas definidas en el órgano electoral “(se) permite a las personas candidatas hacer uso de redes sociales o medios digitales para promocionarse, siempre y cuando no implique erogaciones para potenciar o amplificar sus contenidos”.
Así pues, en la elección de junio próximo se votará la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y a diversos magistrados electorales, que dan un total de 896 cargos.
Los procesos de votación en las elecciones de candidatas y candidatos a las diferentes posiciones dentro de la gestión y administración pública vienen antecedidas por la marca política de un partido en el que se inscriben las candidaturas, es decir, se establece un mecanismo previo de contexto en el que el ciudadano puede analizar las características particulares de las candidaturas. Por otra parte, el universo se circunscribe a un número finito que es el de los partidos o candidaturas independientes registradas para participar en la elección correspondiente.
Hablar de prácticamente 900 cargos, sin antecedente específico ni condiciones para evaluar los desempeños técnicos de las candidaturas que están en juego, no ofrece al ciudadano, ningún elemento de comprensión o de condiciones de evaluación del desempeño, habilidades y conocimiento del campo al que se están postulando las y los candidatos. De forma que, de acuerdo con las condiciones de promoción que plantea el INE, quien logre un mejor impacto en TikTok o con apoyos sustanciales de otras entidades interesadas en la elección podrían tener mejores condiciones de obtener el puesto.
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jl/I