Quinto Patio

Ante la sordera de las autoridades y la falta de solución a demandas colectivas, a los vecinos de cualquier comunidad no les queda de otra más que manifestarse. Así lo hizo Karina Ruiz Ocampo, representante de la asociación civil La Cima Nuestra Prioridad, que durante años luchó con sus vecinos por acceder a un derecho humano vital: tener acceso al agua. Vivía en El Arenal. Un grupo armado la desapareció el 13 de abril pasado y su cuerpo fue hallado sin vida en Amatitán, el 3 de mayo.

Karina es una de los cinco activistas y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en medio año en Jalisco. Tres eran mujeres y dos varones. Los crímenes, por sí solos, son abominables; si ocurrieron porque las víctimas encabezaron movilizaciones y demandas sociales es todavía más reprobable la violencia de los homicidas.

Que en Jalisco 143 personas estén integradas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno de México revela cómo la violencia criminal acecha y cómo muchos agresores andan sueltos.

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Para medir el trabajo de los diputados locales, recurramos al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con sus resultados del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE), que generó datos sobre el balance del trabajo de los Congresos estatales entre 2021 y 2024. Para Jalisco significó que revisó la pasada legislatura.

El referido censo ubica al Congreso de Jalisco como el que más iniciativas presentó, peeeeeeeero, a la par, fue de los que menor porcentaje de iniciativas dictaminadas tuvo. En cifras, la legislatura pasada sumó 3 mil 401 iniciativas, entre ellas las del entonces gobernador Enrique Alfaro. Sin embargo, los diputados solo aprobaron 628, equivalentes a 18.5 por ciento. El porcentaje de efectividad fue el cuarto más bajo del país. O sea, hicieron mucho ruido, pero pocas nueces.

Añadamos Jalisco tiene el tercer Poder Legislativo más caro de todo el país, con 929.9 millones de pesos ejercidos en 2023, y con la nómina más abultada en cuanto a trabajadores, que han prometido reducirla, pero entre más lo aseguraban, más les creció la nariz como al personaje de un cuento infantil que ya saben quién es…

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El caso Teuchitlán sigue generando reacciones… y generará más. Una fue una pequeña manifestación de personas que, aseguraron procedían de ese municipio, viajaron a Guadalajara para plantarse ayer frente a la delegación de la Fiscalía General de la República. Aseguran que el alcalde José Ascención Murguía, Chon, como le dicen, es inocente. Solo que se trata de ese tipo de movilizaciones que las autoridades observan con precaución; con lupa, pues.

También hay otras reacciones. Por ejemplo, la diputada Claudia Murguía Torres, coordinadora de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado, escribió en redes sociales: “El daño que vive #Teuchitlán no termina con una detención. Se necesita una estrategia que respalde a su gente, reconstruya el tejido social y reactive su vida económica. El @PANJalisco exigirá con firmeza no se abandone a las familias”. Y sí, la población del municipio, las familias pacíficas, está resintiendo los efectos del caso.

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