Sistema de Víctimas sigue sin sesionar

Al menos hasta agosto de este año el Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco seguía sin sesionar, reconoció la Secretaría General de Gobierno (SGG), ente del cual depende la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la SGG publicó, a petición de una persona que hizo una solicitud, que entre enero y agosto de este año no hubo sesiones del Sistema Estatal de Atención a Víctimas.

Por lo tanto, su trabajo y efectividad también ha sido cero al no poder llegar a acuerdos, emitir recomendaciones o generar políticas públicas en pro de las víctimas.

NTR publicó en mayo que un reporte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) publicó que los sistemas de víctimas de casi todo el país estaban en el abandono, entre ellos el de Jalisco.

En ese documento se precisó que el Sistema Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco sesionó únicamente el 27 de mayo de 2015 y no lo hizo más. Ahora se confirma que en 2025, cuando se cumplieron 10 años de su creación, sigue en la misma condición.

Los funcionarios que en su momento crearon el sistema ya no están en funciones y de los actuales que deberían pertenecer a él la SGG no pudo mencionar sus nombres: únicamente refirió lo que describe la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, la cual precisa en su artículo 60 que el gobernador de Jalisco es el presidente del sistema.

También deberían conformarlo la SGG y la Fiscalía del Estado por parte del Ejecutivo; las y los presidentes de las comisiones de Seguridad y Justicia y Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Poder Legislativo; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ) y un consejero de la Judicatura; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y un representante de la Cruz Roja Jalisco.

El sistema debería reunirse al menos una vez cada tres meses, según la ley, la cual también precisa en el artículo 61 que el presidente, es decir, el gobernador, es quien tiene la obligación de convocar.

GR