Pierde burocracia a víctima de robo

Por lo menos dos personas rompieron la parte inferior de la puerta de madera del centro cultural Casa Fluya durante la madrugada del 22 de febrero y sustrajeron equipo de cómputo, equipo de audio, dinero, y las llaves de todo el establecimiento.

Por la mañana, una empleada del Café Victoria, ubicado dentro del mismo centro cultural, advirtió la escena y llamó a un par de ciclopolicías que pasaban por el lugar, ubicado en la calle Donato Guerra, en la Zona Centro de Guadalajara, donde corroboraron los destrozos y el robo.

Los oficiales levantaron la denuncia ante la Fiscalía y, dos horas más tarde, le entregaron al director del centro cultural, Antonio Mendoza, el número de la carpeta de investigación 21086/2019.

Los uniformados le aseguraron que gente de la dependencia estatal lo visitaría para ampliar la indagatoria. Pasó una semana y el personal de la Fiscalía no acudió, por lo que Antonio Mendoza decidió acudir a la dependencia y pedir información sobre el estatus de su asunto.

Tras depositar sus objetos personales en una canasta y pasar por un arco detector de metales, le indicaron que su caso no estaba en el área de denuncia, sino en la agencia del Ministerio Público número 9, frente al edificio principal.

Ya en la agencia, los datos de los empleados fueron confusos: “vaya hasta el fondo”. Fue; pero era el área de robo de vehículos. Se desplazó a otro edificio, el único que faltaba por visitar. Antonio llegó al área de homicidios dolosos. “Busco a la licenciada”, dijo. Lo derivaron nuevamente al fondo; siempre al fondo.

Pasó por varios cubículos donde los empleados buscaban en una montaña de expedientes, otros escribían en cuadernos de contabilidad, otros discutían asuntos legales por teléfono. Por fin llegó con la responsable, que lo derivó de regreso al primer edificio, justo a donde ya había estado.

De regreso, una persona adscrita al área de robo de negocio, el mismo que lo había atendido al principio, le dijo que el personal había salido. Regresó después, el encargado seguía ausente.

Y así hasta el infinito.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), sólo existe un punto de denuncia, el ubicado en la Calle 14 de la Zona Industrial. Al mes, hasta 30 mil personas llegan a las instalaciones para denunciar delitos de todo tipo.

El ahora director del Instituto de Justicia Alternativa, Guillermo Zepeda Lecuona, entregó una propuesta a la extinta Agencia Metropolitana de Seguridad para remitirla al gobierno de Aristóteles Sandoval y proponer hasta seis puntos de denuncia integral en la ZMG. Pero no prosperó.

El fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez, anunció que ya hay una propuesta de tres puntos de denuncia: uno que ya avanza en la cabecera municipal de Tlajomulco con diversas direcciones, además de instalaciones para retener a los detenidos.

Otros dos estarán en Zapopan y Guadalajara. El resto del estado cuenta con 11 delegaciones.

Sin embargo, la atención se frustra por la carga laboral de los agentes de ministerio público, actuarios, policías investigadores.

Para revertir los tiempos de espera, desde inicios del año Solís Gómez anunció la contratación de personal con una bolsa de 300 millones de pesos para “acercar el servicio y reducir tiempos”.

Pero ni para los actuales empleados con la excesiva carga laboral, ni para Antonio Mendoza, afectado, el lento avance en su asunto es proporcional al desaliento para dejar las cosas como están.

Mientras, el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, el coordinador de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, y el fiscal, aseguran que a corto plazo se certifican peritos forenses para la identificación de autos, mientras que los módulos de atención y personal de apoyo podría llegar en entre dos y tres meses.

JJ/I